La jueza Marta Elba Pascual, quien suspendió por 60 días la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires, defendió su resolución y aclaró que su planteo no cuestiona la reducción de la edad de imputabilidad, sino las condiciones de implementación.
La jueza Marta Elba Pascual, titular del Juzgado de Garantías del Joven N° 2 del Departamento Judicial de La Matanza, suspendió durante 60 días la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires. En declaraciones radiales, la magistrada explicó los fundamentos de su decisión y respondió a las críticas recibidas.
Pascual afirmó que su planteo no apunta a cuestionar la reducción de la edad de imputabilidad a 14 años, sino a las condiciones en las que el nuevo sistema comenzaría a funcionar. Según informó la Agencia Noticias Argentinas, la jueza advirtió que la provincia no cuenta actualmente con la infraestructura y los recursos necesarios para afrontar un eventual incremento de adolescentes privados de su libertad.
“Soy del Conurbano, y con esta ley no vamos a crear más seguridad”, sostuvo Pascual, quien remarcó que no desconoce la problemática de los delitos cometidos por menores. En ese sentido, explicó que su preocupación está vinculada con las condiciones de alojamiento y las herramientas disponibles para quienes ingresen al sistema.
“Un chico encerrado sin educación, sin oficio, sin terapia, llega a los 18 años y lo podemos mandar a una unidad carcelaria que funciona como una escuela de delito”, señaló la magistrada.
Ante los cuestionamientos por su resolución, Pascual rechazó las críticas y aseguró que no se opone a la reducción de la edad de imputabilidad. “Yo garantista soy de la ley y, además de la ley, quiero seguridad. Tengo hijos, camino todo el día por el Conurbano y quiero vivir tranquilamente”, respondió.
La suspensión fue dispuesta luego de un hábeas corpus preventivo colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo. Para la jueza, antes de ampliar el universo de adolescentes alcanzados por el régimen penal es necesario garantizar que existan establecimientos, personal especializado y recursos suficientes para aplicar las medidas previstas.
La decisión tiene carácter preventivo y se extenderá durante 60 días, período en el que la Justicia buscará que las autoridades bonaerenses informen cómo se implementará el nuevo régimen y con qué recursos contará.