Marta Elba Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, sostuvo que la nueva normativa no generará más seguridad y pidió herramientas para la aplicación de sanciones alternativas.
La jueza Marta Elba Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, defendió este lunes su decisión de suspender preventivamente por 60 días la aplicación de la Ley 27.801, que establece el nuevo Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires. En declaraciones a la radio Now 979, la magistrada se definió como “garantista” y afirmó que “con esta ley no vamos a crear más seguridad”.
Pascual explicó que no se opone a la reducción de la edad de imputabilidad a 14 años, tal como establece la norma. “Yo no estoy en desacuerdo con bajar la edad de imputabilidad”, declaró, y agregó: “Nuestros legisladores habrán decidido que esté en 14”.
La jueza, que durante la gobernación de Eduardo Duhalde fue ministra de Familia y Desarrollo Humano bonaerense, fue consultada sobre la situación de los menores privados de libertad. Al respecto, calificó como “pésimo” el encierro y sostuvo que la nueva ley no resolverá el problema de la inseguridad. “Yo soy de la provincia de Buenos Aires y con esta ley no les vamos a dar seguridad”, afirmó.
Pascual aclaró que no busca justificar los delitos cometidos por menores: “Yo no romantizo a los chicos que salen con un arma”. En ese sentido, señaló que en sus fallos aplica la “justicia restaurativa”, un enfoque que describió como orientado a “restaurar los vínculos” y lograr que los jóvenes se responsabilicen por sus actos.
La magistrada reclamó la implementación de mecanismos como “oficios, actividades adentro, terapia” y advirtió que, sin esas herramientas, la normativa “no es beneficiosa para la sociedad ni para los jóvenes”. “Hay que tratar de devolverle a la sociedad un chico que esté en condiciones de poder circular psíquicamente”, expresó.
En cuanto a la posibilidad de que la pena de prisión funcione como desincentivo para la delincuencia juvenil, Pascual sostuvo que la cuestión “no pasa por encerrarlos por el encierro mismo, sino por darles los mecanismos para cuando salgan”.
La suspensión fue dispuesta en el marco de un hábeas corpus preventivo colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo en favor de adolescentes privados de su libertad. La resolución, firmada el lunes 7 de septiembre, se produjo dos días después de la entrada en vigencia de la nueva normativa. La jueza consideró que existía una situación de urgencia y que debía analizarse si la aplicación inmediata del régimen podía provocar una afectación grave de derechos fundamentales.
Entre los argumentos del fallo, Pascual señaló que la ley incorpora al sistema a adolescentes de 14 y 15 años, excluye determinados supuestos que anteriormente no eran punibles y establece la aplicación de la escala penal prevista en el Código Penal. Según la jueza, esos cambios “aumentará considerablemente la cantidad -por mayores ingresos y por mayor permanencia- de personas privadas de la libertad”.