La Cámara Federal de Apelaciones ordenó una auditoría integral sobre los Juzgados Federales N° 3 y N° 4 de Rosario tras detectar un desfase de hasta 8.000 expedientes entre los registros del Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal.
La Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, mediante una acordada firmada por su presidente, Aníbal Pineda, dispuso una auditoría integral sobre los Juzgados Federales N° 3, a cargo de Carlos Vera Barros, y N° 4, conducido hasta su jubilación por Marcelo Bailaque, quien se encuentra bajo prisión domiciliaria procesado por presuntos vínculos con el crimen organizado.
La medida se adoptó tras detectarse una diferencia de aproximadamente 8.000 causas del sistema inquisitivo sin terminar registradas en el sistema informático Lex 100 del Poder Judicial, frente a un paquete de 1.180 expedientes ingresados desde 2020 o 2021 que, según el Ministerio Público Fiscal (MPF), permanecieron sin movimiento y recién ahora comenzaron a ser derivados a las fiscalías.
La auditoría contempla dos etapas. En primer lugar, se emplazó a los secretarios de ambos juzgados a fundamentar en un plazo de 48 horas la metodología utilizada para confeccionar sus planillas estadísticas y adecuarlas a las directivas de la Corte Suprema y el Consejo de la Magistratura. En segundo término, la Cámara cruzará la información contable con la nómina de las 1.180 causas aportadas por el MPF para revisar expediente por expediente.
Entre las hipótesis que manejan los investigadores del fuero se menciona la posible inflación estadística, consistente en mantener abiertas causas ya cerradas para abultar el volumen de trabajo, y el cajoneo deliberado de denuncias que no fueron notificadas a los fiscales ni recibieron trámite alguno. La auditoría buscará determinar si la paralización de los expedientes obedeció a negligencia o a una posible maniobra vinculada al exmagistrado Bailaque, procesado por extorsión, cohecho y presunto favorecimiento a figuras del narcotráfico.