Cada 30 de agosto se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, una fecha establecida en 1981 por organizaciones latinoamericanas y reconocida por la ONU en 2010.
El 30 de agosto se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, una fecha establecida en 1981 durante el Primer Congreso de la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos-Desaparecidos (FEDEFAM), realizado en Costa Rica. En ese entonces, varios países de América del Sur y Central estaban bajo dictaduras cívico-militares que utilizaban la desaparición forzada de personas como método de represión estatal.
En diciembre de 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) adoptó la resolución 65/209, que declaró oficialmente el 30 de agosto como el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. Según la ONU, este delito no se limita a las dictaduras del pasado, sino que también se registra en contextos de conflicto interno y como método de represión en múltiples países.
De acuerdo con el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU, entre 1980 y 2020, seis de los diez países con mayor cantidad de desapariciones forzadas se encuentran en América Latina: Argentina, Guatemala, Perú, El Salvador, Colombia y Chile. Los otros cuatro son Irak, Sri Lanka, Argelia y Pakistán.
La ONU define la desaparición forzada como el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad realizada por agentes del Estado o con su autorización, apoyo o aquiescencia, seguida de la negativa a reconocer dicha privación o del ocultamiento de la suerte o paradero de la persona, sustrayéndola de la protección de la ley.
Amnistía Internacional estima que entre 1966 y 1986 se produjeron más de 90.000 desapariciones forzadas en México, El Salvador, Chile, Uruguay, Argentina, Brasil, Colombia, Perú, Honduras, Bolivia y Haití.
En el contexto sudamericano, el Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur (IPPDH) señala que la región continúa procesando los efectos del terrorismo de Estado, especialmente al cumplirse 50 años de la articulación del Plan Cóndor, una red de coordinación represiva entre las dictaduras del Cono Sur.
Según el Ministerio Público Fiscal de Argentina, el Plan Cóndor fue una red de coordinación represiva transnacional formalizada en noviembre de 1975 en Santiago de Chile, por iniciativa de la dictadura chilena. Estuvo conformada originalmente por los regímenes de Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Bolivia, a los que luego se sumaron Brasil, Perú y Ecuador. La red incluyó intercambio de inteligencia, traslado de prisioneros, expropiación de bienes, secuestro de niños y operativos conjuntos contra opositores.
El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) es una organización no gubernamental que desde 1984 trabaja en la recuperación e identificación de restos de personas desaparecidas en contextos de violencia, combinando disciplinas científicas. Nació en Argentina y luego fue convocado por otros países con situaciones similares.