Los empresarios argentinos Hugo y Mariano Jinkis llegaron a un acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos para evitar la prisión. El pacto implica el pago de 50 millones de dólares y la admisión de sobornos a dirigentes sudamericanos entre 1990 y 2015.
Los empresarios argentinos Hugo y Mariano Jinkis acordaron con el Departamento de Justicia de Estados Unidos pagar 50 millones de dólares para evitar la cárcel, según informaron fuentes judiciales. El acuerdo fue formalizado este jueves en los tribunales federales de Brooklyn, Nueva York.
El pacto establece que padre e hijo renunciarán a 50 millones de dólares y admitirán formalmente haber pagado «decenas de millones de dólares en sobornos» a dirigentes sudamericanos entre la década de 1990 y 2015, para obtener los derechos de televisación de torneos de fútbol. A cambio, los fiscales retirarán todos los cargos en septiembre de 2027, siempre que los acusados cumplan con las condiciones del acuerdo y permanezcan en libertad bajo fianza.
Los Jinkis habían permanecido en Argentina durante años, evadiendo la extradición. En mayo pasado viajaron en secreto a Nueva York para negociar con los investigadores. Su caso se inscribe en la megacausa conocida como FIFAGate, que investigó sobornos en la FIFA.
Este tipo de acuerdo, denominado en la jerga judicial como «acuerdo de enjuiciamiento diferido», se había otorgado previamente solo a entidades corporativas, como un banco suizo o una agencia de marketing deportivo. Es la primera vez que un individuo logra un trato de esta naturaleza en el marco de la causa.
El anuncio se produce en un contexto de cambios en las prioridades del Departamento de Justicia durante la segunda administración de Donald Trump. A fines del año pasado, el procurador general solicitó desestimar las acusaciones contra el ex ejecutivo de Fox Hernán López y contra Full Play, la empresa de medios de los Jinkis. Los cargos fueron anulados en mayo.
Tras este antecedente, otros cinco condenados por el FIFAGate presentaron solicitudes para anular sus sentencias y recuperar las multas pagadas. Los fiscales federales de Brooklyn aún deben resolver estos pedidos.