La Comisión de Ambiente y Trabajo Social del Colegio de Profesionales de Trabajo Social de Santa Fe 2° Circ. emitió un documento con motivo del Día de la Tierra, en el que señaló la desigualdad en la exposición a riesgos ambientales y reclamó políticas públicas con perspectiva de justicia social.
La Comisión de Ambiente y Trabajo Social del Colegio de Profesionales de Trabajo Social de Santa Fe 2° Circ. difundió un comunicado con motivo del Día de la Tierra, en el que abordó la relación entre ambiente, desigualdad y salud, y reclamó la incorporación de la justicia ambiental en la agenda pública.
El documento sostiene que el deterioro ambiental no impacta de manera homogénea y que los sectores populares son los más expuestos. Señala que en los mapas de riesgo social, ambiental y climático, la población más vulnerable aparece en color rojo por su alto nivel de riesgo. Como ejemplo, menciona la proliferación de basurales y microbasurales en barrios con mayores niveles de vulnerabilidad social, en contraste con los cascos históricos o centros urbanos que cuentan con servicios de recolección y separación de residuos.
También hace referencia a la distribución desigual de bienes y servicios públicos, como agua potable, electricidad, gas, cloacas, calles y transporte, y a la exposición a fenómenos asociados al cambio climático, como anegamientos e inundaciones. En ese marco, cita la Ley Yolanda, que establece la formación obligatoria en ambiente y cambio climático para la función pública, y la Red de Refugios Climáticos de Rosario, como iniciativas existentes, pero advierte que la falta de acceso a espacios frescos y agua segura sigue siendo una urgencia cotidiana.
El texto también destaca experiencias de agricultura urbana y agroecología en Rosario, donde se registran más de 40 hectáreas cultivables y 12 parques huerta, que sostienen el trabajo de cientos de huerteros y huerteras, en su mayoría mujeres. Según el comunicado, estas prácticas permiten el acceso a alimentos sanos, seguros, sabrosos y soberanos, libres de agroquímicos, y fortalecen economías locales y circuitos de comercialización justos.
La Comisión señaló que la defensa del territorio implica reconocer el carácter colectivo de los bienes comunes naturales y problematizar los modelos de producción y consumo. En ese sentido, reclamó la jerarquización de la voz de las comunidades y su participación activa en la construcción de una agenda pública que priorice entornos dignos y habitables. Entre las medidas mencionadas, incluyó garantizar el acceso al agua potable y cloacas, sostener y ampliar el arbolado urbano y fortalecer la infraestructura social.
El documento concluye que la defensa del ambiente es una condición para la vida digna y que el acceso a un territorio soberano constituye un derecho humano. La Comisión instó a organizar, exigir, resistir y transformar las condiciones que hacen posible un horizonte justo, habitable y soberano.