El fiscal Manuel Cecchini confirmó que la investigación abierta tras el incendio del inmueble de barrio Nuevo Horizonte no se limita al establecimiento donde fueron rescatados siete adultos mayores y que existen líneas investigativas más amplias.
La investigación judicial iniciada tras el incendio ocurrido el pasado 29 de julio en un geriátrico clandestino del norte de la ciudad de Santa Fe podría tener nuevas derivaciones. El fiscal Manuel Cecchini confirmó que la pesquisa no se limita al establecimiento donde fueron rescatados siete adultos mayores y que existen otras hipótesis bajo reserva.
Así lo anticipó este viernes el fiscal Manuel Cecchini, quien reveló que la pesquisa excede el establecimiento donde fueron hallados los adultos mayores en condiciones de vulnerabilidad. «Hay una investigación bastante más amplia, pero no puedo mencionar eso», respondió al ser consultado sobre la posibilidad de que la mujer imputada esté vinculada con otros hogares clandestinos.
Las declaraciones fueron formuladas luego de las dos audiencias celebradas ante la jueza Rosana Carrara, en las que la Fiscalía imputó a María Laura M., de 51 años, por el delito de abandono de personas en perjuicio de siete adultos mayores y acordó medidas alternativas a la prisión preventiva para Ricardo H., el cuidador del establecimiento.
Cecchini insistió en que la causa atraviesa una etapa inicial y que varias hipótesis requieren respaldo probatorio antes de transformarse en nuevas imputaciones. «Todo esto tiene carácter provisorio porque la investigación recién empieza», remarcó.
El fiscal explicó que la acusación contra la mujer se sustenta en los informes médicos incorporados a la causa, las inspecciones realizadas en el inmueble y las declaraciones de las víctimas. «Pedimos una serie de informes médicos respecto de cada una de las víctimas, conocimos el lugar en el que estaban alojados y la imputación se basa en gran parte en la declaración de cada uno de ellos», afirmó.
Sobre la figura penal escogida, Cecchini señaló que «es un delito que implica que una persona, habiendo asumido la guarda y el cuidado de otra, la abandona a su suerte, provocando un peligro para su salud». Indicó que la Fiscalía cuenta con evidencia para sostener que la mujer era la titular del establecimiento, pese a que ella lo negó. «No hay un contrato ni una prueba determinante por la informalidad con la que desarrollaba la actividad, pero tenemos un conjunto de evidencias que nos permite sostener que era la titular y que había asumido esa responsabilidad», explicó.
Entre los elementos valorados mencionó la alimentación deficiente, la falta de abrigo, las precarias condiciones de higiene y el insuficiente cuidado sanitario. «No hay una forma de comprobar científicamente cuánto hace que una persona no ingiere alimentos, pero nos hemos basado principalmente en la declaración de las propias víctimas, a quienes les creemos», sostuvo.
Cecchini aclaró que otras conductas denunciadas continúan siendo investigadas, como la presunta retención de documentación personal y tarjetas bancarias utilizadas para percibir las jubilaciones de algunos residentes. «Con respecto a ese punto todavía estamos huérfanos de evidencia para imputar un delito de defraudación», indicó. Sobre los presuntos malos tratos físicos atribuidos al cuidador, reconoció que los adultos mayores relataron episodios de violencia, pero señaló que los médicos no constataron lesiones que permitan atribuir ese delito.
Finalmente, respecto de la situación procesal de María Laura M., adelantó que la Fiscalía definirá en los próximos días qué medida cautelar solicitará cuando el martes se reanude la audiencia. «Tenemos que evaluar cuál es la cautelar necesaria y suficiente para este proceso», concluyó.