El gobierno de Brasil notificó formalmente la decisión de retirar a su embajador en Buenos Aires y rebajar la representación bilateral al nivel de encargados de negocios. La Cancillería argentina respondió con un comunicado en el que afirma que Brasil «continúa aislándose de la región por cuestiones ideológicas».
La crisis diplomática entre Argentina y Brasil, las dos principales economías del Mercosur, alcanzó un nuevo nivel de tensión. La administración de Luiz Inácio Lula da Silva notificó formalmente la decisión de retirar a su embajador en Buenos Aires y rebajar la representación bilateral al nivel de encargados de negocios.
El gobierno argentino, a través de un comunicado oficial emitido por la Cancillería, afirmó «tomar nota» de la medida y sostuvo que Brasil «continúa aislándose del resto de la región por cuestiones puramente ideológicas». El comunicado fue difundido por el Ministerio de Relaciones Exteriores, bajo la conducción del canciller Pablo Quirno.
La decisión de Itamaraty se produjo después de la participación del presidente Javier Milei en un acto político en San Pablo, organizado por el sector liderado por los Bolsonaro, donde se refirió a Lula da Silva como «ladrón», «corrupto» y «presidiario». Estas declaraciones fueron reiteradas en entrevistas televisivas posteriores.
Fuentes diplomáticas brasileñas señalaron que «la reiteración de ofensas hacia el Presidente hacen inevitable esta decisión». Por su parte, la respuesta argentina calificó los insultos como «episodios de expresiones y respaldos políticos cruzados» y aseguró que la Argentina «nunca respondió a esas diferencias con una medida institucional».
El canciller Pablo Quirno declaró en declaraciones radiales: «Para pelearse hacen falta dos. No cuenten con Argentina para eso». Además, mencionó la visita que Lula realizó a Cristina Fernández de Kirchner antes de las elecciones, señalando que en aquel momento Buenos Aires no presentó quejas por injerencia.
La rebaja de la representación diplomática a nivel de encargados de negocios implica que las negociaciones cotidianas en áreas como comercio bilateral, integración energética y políticas fronterizas quedarán sin la participación de embajadores plenos.