El gobierno nacional abrió las ofertas económicas para la concesión de más de 3.900 kilómetros de corredores viales, con fuerte presencia de rutas santafesinas.
La Etapa III de la licitación de concesiones viales comprende ocho tramos denominados Centro, Mesopotámico, Centro-Norte, Noroeste, Litoral, Noreste, Chaco-Santa Fe y Cuyo. En total suman más de 3.900 kilómetros destinados a explotación, administración y mantenimiento mediante concesiones privadas.
Santa Fe aparece como una de las provincias con mayor incidencia dentro del esquema debido a la cantidad y relevancia de los corredores incluidos.
El tramo Centro comprende la ruta nacional 9, es decir, la autopista Rosario-Córdoba; la ruta nacional 19 desde Santo Tomé hasta el límite con Córdoba; y un sector de la ruta nacional 34 comprendido entre su empalme con la RN 19 y la avenida Circunvalación de Rosario.
Otro de los corredores es el Centro-Norte, de 536 kilómetros, que parte desde el empalme con la ruta nacional 19 en Santa Fe y continúa hacia el norte hasta La Banda, en Santiago del Estero.
A ese esquema se suma el tramo Chaco-Santa Fe, que abarca 510 kilómetros de la ruta nacional 11 entre Nelson, en territorio santafesino, y Resistencia, Chaco.
La licitación también comprende corredores ubicados en Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, Salta, Tucumán y Mendoza.
Cuando el 22 de mayo se abrieron los sobres correspondientes a los antecedentes y condiciones técnicas, el gobierno nacional había informado la presentación de 20 ofertas.
Entre los interesados aparecieron dos uniones transitorias de empresas con presencia en Rosario y experiencia previa en obras de la región. Una de ellas está integrada por Rovial SA, Pitón SA, Obring SA y Edeca SA. También se presentó otra conformación en la que participan empresas de ese mismo núcleo sin Edeca. A nivel santafesino se sumó además una alianza entre JCR SA y Néstor J. Guerechet SA, esta última con sede en la ciudad de Santa Fe.
Las empresas con presencia regional quedaron así en competencia con compañías y consorcios de distintos puntos del país. En esa primera etapa, las UTE vinculadas con Rosario y Entre Ríos habían decidido competir por tres corredores: Centro, Centro-Norte y Litoral, que en conjunto comprenden más de 1.600 kilómetros de rutas nacionales y colectoras. Fuentes vinculadas a las empresas habían explicado entonces a La Capital que la elección respondía principalmente al conocimiento territorial. “Son corredores de zonas donde trabajamos y están cerca”, señalaron. La participación en varios tramos también formaba parte de una estrategia para ampliar las posibilidades dentro de la licitación. “Es difícil calificar para dos y nos anotamos para tener más oportunidades. Si no quedás en uno, tenés más chances en el otro”, había explicado una fuente ligada al proceso.
Uno de los principales cambios del nuevo modelo de concesiones es que las empresas deberán financiar las inversiones y recuperar el capital mediante la explotación del corredor y el cobro de peajes. Según la información aportada por las propias compañías durante la etapa inicial del proceso, las concesiones están planteadas a 20 años y la expectativa es comenzar a obtener dividendos recién entre el séptimo y el octavo año. “Es un riesgo muy grande porque es toda inversión privada”, había señalado un integrante de una de las UTE interesadas. Las estimaciones empresariales ubican la inversión necesaria entre 130 mil y 150 mil dólares por cada kilómetro de ruta. Uno de los principales desafíos pasa por conseguir financiamiento en el mercado de capitales o en el sistema bancario, especialmente por los extensos plazos que requiere este tipo de concesión. “Tenemos el riesgo de conseguir la plata y a qué tasa, porque esa tasa condiciona todas las obras después”, había explicado otra fuente empresarial.
Vialidad Nacional destacó ahora que el nuevo esquema se desarrollará sin subsidios del sector público y estará basado en inversión privada. El organismo nacional será además el encargado de supervisar los contratos mediante un sistema de control por resultados, con exigencias vinculadas al estado de los corredores, la seguridad vial y los niveles de servicio para los usuarios.
Las futuras concesionarias no sólo estarán obligadas a mantener y mejorar las rutas. También tendrán a su cargo la asistencia a los usuarios y podrán financiar la explotación mediante el cobro de peajes. Los pliegos prevén conservar estaciones existentes y habilitar nuevas cabinas en distintos puntos de la provincia. En el tramo Centro está prevista una nueva estación de peaje sobre la ruta nacional 34, a la altura de Totoras. También continuarán funcionando las cabinas ubicadas sobre la autopista Rosario-Córdoba en Carcarañá y sobre la ruta nacional 19 en Franck. En el tramo Centro-Norte se contempla la instalación de dos nuevas estaciones, una en Palacios y otra en Angélica, además de mantener el peaje existente en Ceres. La ruta nacional 11 es la que tendría más modificaciones en territorio santafesino. El proyecto contempla cinco nuevas estaciones de peaje en Florencia, Guadalupe, Gobernador Crespo, Vera y Llambi Campbell.
La Etapa III forma parte de un programa más amplio del gobierno nacional para incorporar al régimen de concesiones privadas más de 9.000 kilómetros de rutas estratégicas. Según Vialidad Nacional, por esos corredores circula aproximadamente el 80 por ciento del tránsito del país. La apertura de las 48 ofertas económicas permite ahora avanzar hacia la evaluación final y posterior adjudicación de los distintos tramos. En la etapa previa, las empresas que participaban del proceso estimaban que los adjudicatarios podían conocerse durante agosto. Después se preveía un período aproximado de 30 días para la validación de las propuestas antes de la toma de posesión efectiva de los corredores.