La iniciativa del Gobierno de Javier Milei propone modificar la Ley de Tierras Rurales vigente, eliminando los topes actuales para inversores privados extranjeros. El proyecto se trata este jueves en el Senado.
El Senado de la Nación trata este jueves un proyecto de reforma de la Ley de Tierras Rurales impulsado por el Gobierno de Javier Milei. La iniciativa propone eliminar los límites vigentes para la compra de campos por parte de personas y empresas privadas extranjeras, aunque mantiene controles cuando los compradores sean Estados extranjeros, empresas estatales o sociedades bajo su control.
La ley actual (26.737) establece que los extranjeros no pueden superar el 15% de las tierras rurales del país, con un tope equivalente a 1.000 hectáreas en la zona núcleo. Además, prohíbe la adquisición de campos sobre cuerpos de agua permanentes, glaciares y áreas de frontera. Según datos oficiales, alrededor del 6% de las tierras rurales argentinas están en manos extranjeras.
El proyecto habilita la adquisición de territorios que contienen ríos, lagos y zonas de seguridad de frontera. Elimina la prohibición de comercializar campos arrasados por incendios en los 30 a 60 años posteriores al siniestro, medida que solo se mantendría para bosques nativos con protección especial.
El vocero presidencial, Adrián Ravier, sostuvo que la reforma busca diferenciar a los inversores privados de los Estados extranjeros. Los primeros dejarían de tener restricciones, mientras que los segundos quedarían sometidos a controles más estrictos y necesitarán autorización específica.
En comparación con otros países de la región, Brasil limita la propiedad extranjera al 25% del territorio de cada municipio y una misma nacionalidad no puede concentrar más del 10% de esa superficie. Uruguay exige mecanismos de identificación y transparencia para los compradores. Paraguay presenta una alta extranjerización, con estimaciones de entre el 14% y el 19% del territorio en manos extranjeras, fenómeno que responde a un proceso histórico.
El proyecto también modifica el Código Procesal Civil y Comercial para acelerar la restitución de viviendas y terrenos en casos de falta de pago, ocupación o toma de terrenos, estableciendo un juicio sumarísimo.