La Cámara de Senadores de Santa Fe postergó el tratamiento del proyecto de prohibición total de cuidacoches, que se aprestaba a convertirse en ley. La falta de consenso dentro de la bancada oficialista de Unidos dejó el debate para la próxima sesión ordinaria, tras el receso invernal.
La Cámara de Senadores de la provincia de Santa Fe postergó el tratamiento del proyecto de prohibición total de cuidacoches, que se aprestaba a convertirse definitivamente en ley en la sesión de este jueves. La falta de consenso dentro de la bancada oficialista de Unidos dejó el debate para la próxima sesión ordinaria, que se realizará tras el receso invernal en la Legislatura, aunque será considerado «prioritario».
Justo cuando el Senado se aprestaba a insistir con el proyecto original y rechazar las modificaciones introducidas por Diputados, las diferencias internas al proyecto original presentado por el senador del departamento Rosario Ciro Seisas (Unidos) detuvieron el debate y obligaron a buscar una nueva instancia de negociación política entre el ala socialista de Unidos y el sector cercano al intendente Pablo Javkin.
La iniciativa proponía la incorporación de figuras contravencionales para prohibir la actividad de los cuidacoches. Establecía sanciones que iban desde trabajo comunitario hasta la detención por reincidencia, entre otros agravantes en caso de amenazas, violencia o práctica de la actividad ilegal en zonas de estacionamiento medido, eventos masivos o durante la noche.
La Cámara baja modificó ese proyecto original a partir de cuestionamientos planteados por la Iglesia, organismos de derechos humanos y sectores del oficialismo, que reclamaron un abordaje integral y social para erradicar la problemática.
El texto aprobado por Diputados incorpora el artículo 66 bis al Código de Convivencia y limita la aplicación de sanciones a quienes desarrollen la actividad sin autorización y únicamente en lugares donde exista una prohibición establecida por normativa local. Mantiene sanciones para quienes exijan o soliciten de manera intimidatoria una retribución económica por permitir estacionar o por realizar tareas de cuidado, lavado o limpieza de vehículos en espacios públicos. Prevé la prohibición de concurrencia al lugar donde se cometió la infracción por hasta 60 días, plazo que puede extenderse de 60 a 120 días cuando la conducta ocurra en zonas de estacionamiento medido, eventos masivos o exista aprovechamiento de situaciones de vulnerabilidad.
El ministro de Seguridad de la provincia, Pablo Cococcioni, pidió evitar «un gastadero de plata» y articular «formas más baratas» para resolver la erradicación de cuidacoches en las calles de Rosario y otras aglomeraciones urbanas. «No me traten al trapito como que hay que hacerle un juicio y nombrar un fiscal. Eso es un gastadero de plata y hay formas más baratas de resolverlo, como habilitar al policía para que lo saque y listo», argumentó Cococcioni.
El funcionario definió la problemática: «Entendemos que el tema cuidacoches puede ser un factor criminógeno que aumente el nivel de riesgo. Es una situación que provoca un contacto social no solicitado por la persona y, en principio, es un factor de riesgo». Cococcioni señaló que las realidades son disímiles según la geografía de la provincia, recordando que existen municipios pequeños o medianos que otorgan tiqueteras oficiales a los cuidacoches en lugar de implementar un sistema de estacionamiento medido por aplicación móvil.
Por este motivo, el ministro coincidió en que la estrategia estatal debe ser penalizar la actividad específicamente en aquellos distritos donde los gobiernos locales la hayan prohibido de manera taxativa mediante sus propias normativas y ordenanzas.
Desde la cartera de Seguridad provincial detallaron la alternativa técnica que prefieren: poder de policía directo, dotando de facultades normativas claras al personal de calle de la Policía de Santa Fe para intervenir ante la denuncia o detección del cuidacoches no autorizado; prohibición de concurrencia mediante un «decreto penal contravencional» que permita retirar al infractor y restringir su reingreso a la zona afectada; y foco en la disuasión rápida, evitando la apertura de expedientes judiciales engorrosos.