El máximo tribunal provincial entregó a la Legislatura un documento crítico sobre la iniciativa que unifica colegios de jueces y modifica escalas de apelación.
La Corte Suprema de Santa Fe presentó a la Legislatura un documento con consideraciones sobre el proyecto de reforma judicial impulsado por el Ejecutivo, que busca reorganizar el sistema procesal penal de la provincia. La iniciativa se encuentra en trámite en la Cámara de Diputados, tras su sanción en el Senado.
El proyecto modifica la ley orgánica de tribunales penales y gestión judicial Nº 13.018. Propone la unificación de los colegios de jueces y de las oficinas de gestión judicial para primera y segunda instancia, y cambios en las escalas de apelación. Según fuentes judiciales, la iniciativa genera inquietud entre camaristas y jueces.
La Corte Suprema recordó que, según el artículo 128 de la Constitución provincial, le corresponde dictar disposiciones para el mejor desempeño de la función judicial. En el documento, el tribunal critica la conformación de dos Colegios de Jueces Penales (uno de primera instancia y otro de revisión) sin criterio de asiento territorial. Señala que podría suprimir la pauta de competencia funcional entre instancias y horizontalizar la competencia, permitiendo que todos los jueces intervengan en cualquier etapa del proceso.
También calificó de “inconveniente” la centralización de las oficinas de gestión judicial, al sostener que una estructura única que opere remotamente sobre múltiples sedes generaría demoras operativas y superposición o cancelación de audiencias. Propuso en cambio la unificación por ley de las oficinas de gestión judicial 1 y 2 en las circunscripciones 1 y 2.
El documento objeta el artículo 21 del proyecto, que impone las audiencias telemáticas como regla general. La Corte propuso que las audiencias de debate, de prisión preventiva, de formalización de cargos y algunas preliminares sean presenciales, salvo casos excepcionales.
En cuanto a los recursos de apelación, el proyecto eleva de 5 a 18 años el umbral para que intervenga un tribunal pluripersonal. La Corte consideró ese cambio excesivo y propuso como máximo 8 años, para mantener la revisión plural en casos graves.
La diputada libertaria Silvia Malfesi declaró a La Capital: “En principio, hay que tener en cuenta la inmediatez de los magistrados a la hora de juzgar, que no sea la regla las audiencias online. Además, está mal el concepto de homogeneidad jurisdiccional, cada caso es un mundo”.
Según fuentes legislativas, quedan unos diez días de negociaciones antes de que el proyecto llegue al recinto.