miércoles, 12 agosto, 2026
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El Gobierno eliminó restricciones para patentes en biotecnología

El Ejecutivo derogó la Resolución 283/2015 del INPI, flexibilizando criterios de patentamiento para desarrollos biotecnológicos. La medida busca atraer inversiones y mejorar la competitividad del agro, mientras genera debate sobre el control de recursos genéticos.

El Gobierno nacional derogó la Resolución 283/2015 del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI), que desde 2015 imponía criterios restrictivos para el patentamiento de desarrollos biotecnológicos. La medida fue difundida por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a través de redes sociales.

La resolución derogada establecía que no podían patentarse plantas, animales o componentes biológicos obtenidos mediante ingeniería genética, y exigía requisitos estrictos para secuencias genéticas y eventos biotecnológicos. Por ejemplo, una soja resistente a la sequía o un maíz tolerante a herbicidas no podían ser patentados en sí mismos, aunque sí algunos elementos aislados.

Con la derogación, los examinadores del INPI tendrán mayor margen para evaluar solicitudes según la Ley de Patentes, sin las exclusiones específicas de la resolución. El Ejecutivo sostiene que esto favorecerá inversiones y desarrollo tecnológico, especialmente en el agro, alineando a Argentina con estándares de Estados Unidos y Europa.

El sector agropecuario es uno de los principales destinatarios: Argentina es productor clave de soja y maíz, donde la innovación genética es determinante. Empresas semilleras y desarrolladores de eventos biotecnológicos ven con buenos ojos el fortalecimiento de la protección jurídica.

Organizaciones vinculadas a la agricultura familiar, ambientalistas y sectores académicos advierten que una mayor patentabilidad sobre recursos biológicos podría fortalecer la posición dominante de grandes corporaciones, aumentar costos de acceso a tecnologías y concentrar mercados. La discusión excede lo jurídico y tiene implicancias económicas.

El verdadero alcance de la medida se observará en los próximos años, cuando el INPI resuelva nuevas solicitudes y la Justicia se pronuncie sobre los límites de esta flexibilización.

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