El Poder Ejecutivo busca eliminar la duplicación de instancias administrativas y suprimir la publicación en diarios y las impugnaciones ciudadanas previas al Senado.
El Gobierno Nacional oficializó un Decreto de Necesidad y Urgencia que modifica el procedimiento para la designación de los ministros de la Corte Suprema de Justicia. La medida, según fuentes oficiales, apunta a hacer más transparente el proceso y evitar la duplicación de instancias administrativas.
El decreto modifica el artículo 222/2003, dictado por el entonces presidente Néstor Kirchner, y establece cambios en la etapa previa a la nominación presidencial. Entre las modificaciones principales se encuentra la eliminación de la instancia de publicación de antecedentes en el Boletín Oficial y en diarios de circulación nacional, así como la supresión del período de recepción de observaciones ciudadanas ante el Ministerio de Justicia.
A partir de ahora, la difusión de las candidaturas se realizará exclusivamente en la página web oficial del Ministerio de Justicia, conducido por Juan Bautista Mahiques. En esa misma etapa, los postulantes deberán presentar sus declaraciones juradas patrimoniales bajo la Ley de Ética Pública 25.188 en un plazo de cinco días. Además, se fija por primera vez un plazo para que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) informe la situación fiscal de los candidatos.
El decreto también suprime la recomendación de que el presidente contemple la diversidad de género, la especialidad jurídica y la procedencia regional al momento de la nominación. Esta cláusula había sido utilizada por la oposición durante el proceso fallido de los candidatos Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla.
La medida no afecta el procedimiento constitucional en el Senado, que requiere dos tercios de los votos de los miembros presentes para la confirmación del candidato, según el artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional.
El contexto de la reforma se da en un momento en que la Corte Suprema funciona con tres de sus cinco integrantes previstos por ley. Las vacantes corresponden a Elena Highton de Nolasco (2021) y Juan Carlos Maqueda (2024). En 2024, el Ejecutivo intentó cubrir esos lugares con el juez federal Ariel Lijo y el académico Manuel García-Mansilla, pero no logró los dos tercios necesarios en el Senado. Lijo fue sometido a votación y no alcanzó los votos; García-Mansilla, designado en comisión, renunció tras algunas semanas en el cargo.
Según fuentes de Casa Rosada, el presidente Javier Milei resolvió avanzar en la integración del tribunal cuando el equilibrio de poder lo permita sin negociar con el kirchnerismo. El contundente respaldo obtenido para el nombramiento de jueces federales por el ministro Mahiques habría llevado a reconsiderar la espera hasta después de las elecciones de 2027.
En el plano político, la integrante del PRO y miembro del Consejo de la Magistratura, Jimena de la Torre, cuestionó la medida en sus redes sociales. «No retrocedamos en calidad institucional. La transparencia, la participación ciudadana y el control público no son trabas: son garantías republicanas», escribió.