El juez federal de Santa Fe, Marcelo Alurralde, procesó a 11 personas por una presunta red de sobornos y falsificación documental que habría beneficiado a la empresa Ricardo Mallozzi S.A. durante una fiscalización tributaria.
El juez federal de Santa Fe, Marcelo Alurralde, procesó a 11 personas en el marco de una investigación por una presunta trama de sobornos y documentación falsa que habría beneficiado a la firma Ricardo Mallozzi S.A. durante una fiscalización de la entonces AFIP, actual ARCA, por deudas tributarias correspondientes a los períodos 2013, 2014 y 2015.
La causa tiene como eje la confesión del exdirector regional de la AFIP Santa Fe, Carlos Andrés Vaudagna, quien declaró como imputado colaborador y aportó detalles sobre el funcionamiento de la presunta red que operaba dentro del organismo recaudador.
Según la resolución judicial, funcionarios de la AFIP habrían intervenido para favorecer a la firma durante la fiscalización. La investigación sostiene que el abogado Pedro Roberto Gómez actuó como nexo entre los directivos de la empresa y los funcionarios Carlos Vaudagna y Marcelo Germán Bulacio, supervisor de Fiscalización. El objetivo habría sido acordar un ajuste impositivo menor al que legalmente correspondía. Como contraprestación, se habría abonado una suma cercana a los 7.000 dólares, monto reconocido por Vaudagna en su declaración judicial.
Uno de los elementos centrales de la causa son mensajes de WhatsApp extraídos del teléfono celular del exfuncionario. En esas conversaciones, según surge del expediente, los involucrados discutían alternativas para disminuir la carga tributaria de la empresa y analizaban cómo distribuir el dinero proveniente del presunto soborno.
La investigación también detectó una maniobra destinada a justificar fondos cuyo origen estaba siendo cuestionado por el organismo fiscal. Para ello se habría confeccionado un contrato de compraventa y cesión de derechos fechado en enero de 2013. Sin embargo, las pericias permitieron concluir que el documento fue elaborado en 2017 y luego antedatado para aparentar una operación anterior.
Por este hecho fueron procesados el presidente de la firma, Ricardo Humberto Mallozzi, junto a otros integrantes de su familia. También fue alcanzado por la medida judicial Federico Raúl Ingaramo, quien figuraba como comprador del inmueble involucrado en la operación pese a que, según la investigación, no contaba con capacidad económica suficiente para concretar la transacción en la fecha consignada.
Entre los procesados también aparece el escribano Javier Ignacio Trucco, acusado de certificar irregularmente las firmas vinculadas al contrato. La resolución señala inconsistencias en la correlatividad de su protocolo notarial y la ausencia de firmas consideradas esenciales dentro de la documentación analizada.
El juez dispuso diferentes imputaciones según la participación de cada acusado. Carlos Andrés Vaudagna y Marcelo Germán Bulacio fueron procesados por administración fraudulenta, cohecho pasivo y abuso de autoridad. A Bulacio se le agregó prevaricato. El abogado Pedro Roberto Gómez y el empresario Ricardo Humberto Mallozzi fueron procesados por cohecho activo, y a Mallozzi se le atribuyó falsedad ideológica. Susana Beatriz Palacin, Antonio Alberto Mallozzi, María Marta Ahumada, Ramón Carlos Mallozzi, Desireé Elizabeth Di Giorgio, Federico Raúl Ingaramo y el escribano Javier Ignacio Trucco fueron procesados por falsedad ideológica.
Si bien ninguno de los imputados quedó detenido y todos continuarán el proceso en libertad, el magistrado ordenó embargos preventivos por 20 millones de pesos sobre los bienes de cada uno de los procesados. La medida fue fundamentada en la gravedad institucional de los hechos y en el perjuicio económico que las maniobras habrían ocasionado al Estado nacional.