Tres comisiones de la Cámara de Diputados de Santa Fe recibieron este miércoles a representantes de la Pastoral Social de la Iglesia Católica y del Foro contra la Impunidad y por la Justicia, quienes plantearon reparos al proyecto que busca penalizar a los cuidacoches o trapitos.
En la previa al tratamiento de un proyecto para sancionar la actividad de los cuidacoches o trapitos, tres comisiones de la Cámara de Diputados de Santa Fe, en reunión conjunta, escucharon a integrantes de la Pastoral Social de la Iglesia Católica de Santa Fe y de Rosario y a dirigentes del Foro contra la Impunidad y por la Justicia.
La Pastoral Social de Rosario y de Santa Fe expusieron sus puntos de vista en un documento que dejaron a los legisladores. También el Foro contra la Impunidad y por la Justicia de Santa Fe opinó críticamente sobre punir a la pobreza.
Además del intercambio de apreciaciones que los religiosos y laicos, y luego dirigentes de derechos humanos, tuvieron con los legisladores, ambos colectivos dejaron documentadas sus posturas. Con diferencias, ambos sectores plantearon cuestionamientos a la sanción de la actividad en calle de personas sin trabajo fijo y en situación de pobreza.
Dirigentes del Foro hicieron notar que si no hay acto lesivo no puede haber sanción y señalaron los alcances del artículo 19 de la Constitución Nacional: «Las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están sólo reservadas a Dios, y exentas de la autoridad de los magistrados. Ningún habitante de la Nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe».
El Foro afirmó que el proyecto de ley «se ensaña con prácticas discriminatorias y estigmatizantes sobre personas que se encuentran fuertemente vulnerabilizadas cuando el Estado se encuentra en deuda sobre políticas prioritarias para actuar contra los determinantes estructurales de su empobrecimiento». Agregó que «mediante disposiciones prohibitivas, expulsivas y sancionatorias se violentan reglas constitucionales básicas sobre los fines y alcances de la acción estatal punitiva, a la vez, que se conculcan los principios de igualdad y no discriminación. Se criminaliza una actividad de subsistencia y se consideran prohibidos actos voluntarios de ciudadanos libres para imponer sanciones irrazonables y desproporcionadas».
Mencionando documentos de Naciones Unidas, el Foro sostuvo que «este tipo de normativa violenta los derechos humanos de las personas más desfavorecidas de las ciudades. El respeto del bloque constitucional del derecho argentino exige rechazar este tipo de iniciativas legislativas y también comprometerse con el desarrollo de políticas a favor de su derecho a trabajar como parte de sus derechos fundamentales notoriamente desatendidos».
Por su parte, la Pastoral Social señaló en un documento: «Asumimos la responsabilidad de aportar elementos que ayuden al discernimiento conjunto sobre los acontecimientos que afectan a nuestros conciudadanos». Dijo creer coincidir «con honestidad intelectual» en seis verdades esenciales con los legisladores: «que atravesamos una situación socioeconómica sumamente compleja, que golpea con dureza las bases de nuestra sociedad»; que «frente a esa crudeza, muchos cuidacoches encuentran en esta actividad un medio precario, pero indispensable, para sostenerse mínimamente día tras día»; que «la meta final de cualquier propuesta que pretenda ser verdaderamente sostenible en el tiempo no debe ser perpetuar crónicamente la figura del trapito, sino ofrecerles una vía de salida real, digna y progresiva de la informalidad»; que «moral y legalmente el delito es siempre condenable, no admite atenuantes ideológicos y bajo ningún punto de vista puede ser justificado»; y que «con la misma firmeza con la que condenamos el delito, debemos reconocer con justicia que no todos los casos son iguales, y muchos, sino la mayoría, son solo hermanos tratando de subsistir». Concluyó que «toda legislación que aspire a ser justa debe contemplar, de manera ineludible, el bien común y la atención prioritaria a los menos favorecidos de nuestra patria».