Un tribunal de apelación rechazó los planteos de la defensa del exjefe de la Policía de Santa Fe, Rafael Grau, que buscaban declarar prescripta la acción penal y anular su condena por corrupción policial.
El exjefe de la Policía de Santa Fe, Rafael Ramón Grau, sufrió un nuevo revés judicial en la causa por corrupción policial vinculada a maniobras fraudulentas con reparaciones de móviles y compra de repuestos para patrulleros. El último viernes, un tribunal de apelación horizontal confirmó el rechazo al planteo de prescripción impulsado por la defensa y ratificó la validez de la persecución penal que derivó en la condena a seis años y seis meses de prisión.
La resolución fue firmada por los jueces Fabio Mudry, Roberto Reyes y Oscar Burtnik, integrantes del Tribunal del Colegio de Jueces Penales de Segunda Instancia de Santa Fe. El recurso había sido admitido el 23 de febrero pasado y la audiencia se realizó el 1º de abril.
La discusión giró en torno a un aspecto técnico: si la acción penal por el delito de defraudación agravada contra la administración pública había prescripto o no. El abogado defensor Carlos Renna sostuvo que el tiempo transcurrido desde los hechos investigados -ocurridos entre 2015 y febrero de 2016- excedía el máximo legal previsto para el delito atribuido.
La defensa argumentó que la imputación formulada por el fiscal Roberto Apullán el 13 de septiembre de 2017 no podía considerarse un acto interruptivo de la prescripción. Bajo esa interpretación, el plazo habría vencido el 1º de marzo de 2022. Incluso en una hipótesis subsidiaria, Renna sostuvo que, aun admitiendo valor interruptivo a la audiencia imputativa de 2017, la acción igualmente habría prescripto en septiembre de 2023, ya que la apertura a juicio se produjo recién el 27 de septiembre de 2024.
El camarista Fabio Mudry rechazó cada uno de los agravios defensivos y respaldó los fundamentos del fallo dictado el 11 de diciembre de 2025 por los camaristas Fernando Gentile Bersano, Roberto Prieu Mántaras y Bruno Netri. Según Mudry, la acción penal mantuvo su vigencia mediante distintos actos procesales interruptivos. El juez recordó que el último hecho atribuido a Grau ocurrió el 28 de febrero de 2016 y que el plazo comenzó a correr el 1º de marzo de ese año. Consideró que la audiencia imputativa de septiembre de 2017 tuvo efecto interruptivo, al equipararla con la declaración indagatoria prevista en el Código Penal.
Además, los camaristas remarcaron que en septiembre de 2021 los fiscales Ezequiel Hernández y Mariela Giménez presentaron formalmente la acusación, acto que también interrumpió el curso de la prescripción. Mudry agregó otro elemento temporal: el retiro obligatorio de Grau de la fuerza policial, dispuesto mediante una resolución de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la provincia el 27 de mayo de 2016.
La resolución también descartó que el proceso hubiera violado la garantía del plazo razonable. Para ello, el tribunal ponderó la complejidad del caso, la multiplicidad de imputados, la cantidad de prueba producida y la magnitud de la maniobra investigada. Mudry recordó que la investigación permitió acreditar la existencia de una banda integrada por policías de máxima jerarquía y particulares que operaba mediante facturación falsa y desvío de fondos públicos.
Grau y el también exjefe policial Omar Odriozola fueron condenados en junio de 2025 como jefes de una asociación ilícita y coautores de defraudación agravada contra la administración pública. El tribunal integrado por Celeste Minniti, Cecilia Labanca y Sebastián Szeifert les impuso penas de seis años y seis meses de prisión, diez años de inhabilitación especial para ejercer cargos públicos y una multa económica. La investigación se inició en 2016, luego de una denuncia impulsada desde el Ministerio de Seguridad provincial. Según la acusación, los exjefes policiales lideraron una estructura que simulaba reparaciones de patrulleros y compras de repuestos inexistentes, mediante la emisión de facturas apócrifas y rendiciones fraudulentas. El perjuicio económico atribuido a la maniobra superaba los 250 millones de pesos, actualizados a la fecha del debate oral.