Un informe técnico presentado ante la justicia federal revela irregularidades en compras de la Agencia Nacional de Discapacidad, con sobreprecios que alcanzan el 4.239% en andadores y sillas de ruedas.
La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) está en el centro de una investigación judicial tras la presentación de un informe de auditoría que confirma sobreprecios en insumos críticos. El documento, firmado por el interventor Alejandro Vilches, fue remitido al juzgado de Ariel Lijo y detalla diferencias que, en casos extremos, llegan al 4.239% sobre el valor de mercado.
Según el informe, se analizaron más de 500 expedientes que comprometen un presupuesto superior a los $18.000 millones. Entre los hallazgos más relevantes se encuentran: andadores facturados con un sobreprecio del 4.239%, sillas de ruedas pagadas a $19 millones cuando el valor de referencia es de $1,3 millones, y válvulas cardíacas con diferencias del 242% respecto a lo que paga el PAMI por el mismo producto.
La actual gestión de Salud decidió congelar pagos pendientes por casi $5.000 millones que ya habían sido autorizados, por considerarlos «técnicamente indefendibles». La investigación, a cargo del fiscal Franco Picardi, apunta a la manipulación del sistema de contrataciones Siipfis, utilizado para simular competencia entre empresas que compartían directivos y sedes sociales, como Artrobone e Innova.
En el marco de la causa, se analiza un chat de WhatsApp denominado «Grupo Museo», donde funcionarios y empresarios coordinaban las licitaciones. Bajo la lupa está Diego Spagnuolo, director de la agencia, cuya situación judicial se complicó tras la difusión de audios que sugieren pedidos de retornos. Gendarmería perita teléfonos y la justicia avanza sobre los vínculos con proveedores como Osmar Caballi y Miguel Ángel Calvete.