La medida fue ratificada tras la impugnación de una multa de 6 millones de pesos a una familia de Santa Fe. La provincia defiende el accionar ante el incremento de amenazas en escuelas.
El gobierno provincial confirmó que las familias que no respondan a las intimaciones económicas por amenazas escolares serán derivadas a la Justicia. La decisión se tomó luego de que una familia de la ciudad de Santa Fe impugnara una multa de 6 millones de pesos, aplicada después de que un adolescente participara en un “desafío viral” que derivó en la difusión de una nota intimidatoria vinculada a una escuela.
Durante una conferencia de prensa, la vocera provincial, Coudannes, sostuvo que las amenazas disminuyeron “muchísimo” en las últimas semanas y destacó que las políticas implementadas por el gobierno dieron resultados. Según detalló, en los últimos días solo se registraron dos amenazas en Rosario y dos en la ciudad de Santa Fe. “Las políticas han sido efectivas, tanto desde las comunidades educativas como desde el Ministerio de Educación y la investigación en lo penal”, afirmó.
Además, confirmó que quienes no paguen las intimaciones recibirán una respuesta judicial. “Es el procedimiento. Luego tendrán que estar comprometidos con esa causa judicial”, señaló. La funcionaria también informó que actualmente existen 39 expedientes “listos para salir” y que ya fueron realizadas 19 notificaciones a familias de menores identificados en amenazas escolares.
El endurecimiento de las medidas se produce en un contexto de fuerte preocupación social tras el crimen ocurrido el 30 de marzo en San Cristóbal, donde un adolescente de 15 años asesinó a Ian Cabrera, de 13, dentro de la Escuela Normal Mariano Moreno. A partir de ese episodio, el gobierno provincial reforzó controles, investigaciones y acciones preventivas vinculadas a amenazas en establecimientos educativos.
La polémica creció luego de que el abogado Rodolfo Mingarini cuestionara la legalidad de las intimaciones económicas. El letrado aseguró que no existe un daño concreto que justifique el cobro de 6 millones de pesos y sostuvo que el adolescente involucrado reconoció rápidamente lo ocurrido ante sus padres y autoridades escolares. “No se puede cobrar multa si no hay una ley previa”, expresó en declaraciones radiales. Además, cuestionó los montos establecidos y sostuvo que no se detallan los costos operativos que fundamentan las cifras reclamadas.
Tras esas declaraciones, la vocera provincial respondió y defendió el accionar del Estado. “Los recursos de la provincia los pagan todos los santafesinos con sus impuestos”, afirmó. También remarcó que cada amenaza moviliza recursos policiales, judiciales y educativos en un contexto sensible para las comunidades escolares. “Esto tiene que ver con los recursos de los santafesinos que se expusieron ante una broma en un contexto muy difícil”, agregó. Finalmente, consideró que relativizar este tipo de amenazas representa una falta de respeto hacia quienes sostienen el funcionamiento del Estado y reclamó responsabilidad frente a estos hechos.