La decisión del Gobierno nacional de prohibir temporalmente el acceso de periodistas acreditados a la Casa Rosada generó rechazo político, denuncias penales y presentaciones ante organismos internacionales. Mientras el Ejecutivo defiende la medida por razones de seguridad, crecen los reclamos judiciales y de entidades como Amnistía Internacional.
El Gobierno nacional mantiene su postura en el conflicto con la prensa tras la polémica decisión de suspender momentáneamente el ingreso de trabajadores de prensa acreditados a la Casa Rosada. La medida, que según el secretario de Comunicación y Medios, Javier Lanari, incluye “quitar las huellas dactilares a los periodistas acreditados” de forma preventiva, fue justificada por la denuncia de Casa Militar por un presunto espionaje ilegal a dos periodistas de TN. “El único fin es garantizar la seguridad nacional”, señaló el funcionario.
Sin embargo, la restricción provocó el repudio de gran parte del arco político y escaló a instancias judiciales e internacionales. La diputada nacional Marcela Pagano, quien integró el bloque de La Libertad Avanza, presentó una denuncia penal contra el presidente Javier Milei, Lanari, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el jefe de Casa Militar, Sebastián Ibáñez. La causa recayó en el juzgado de Sebastián Ramos. “Es un hecho inédito desde el retorno de la democracia. La Casa Rosada no es propiedad privada y mucho menos un mandatario ni sus funcionarios esbirros pueden decidir si a dicho edificio puede acceder la prensa”, afirmó la legisladora en su cuenta de X.
Este lunes, Pagano también formuló una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el “ataque del Gobierno al periodismo” y la imposibilidad de ingreso de la prensa acreditada. “Que no te mientan con ‘falsos espionajes’, van contra tu derecho a informarte”, señaló. Por otro lado, el diario Ámbito Financiero presentó un amparo contra el Estado nacional para restituir el acceso de sus periodistas. La demanda, patrocinada por el abogado constitucionalista Diego Armesto, se tramita en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 10, a cargo del juez Walter Lara Correa, y solicita una medida cautelar innovativa urgente para habilitar el ingreso de las periodistas Liliana Franco y Cecilia Camarano.
El conflicto también repercutió a nivel internacional. Amnistía Internacional alertó a la CIDH sobre “el deterioro de la libertad de expresión y prensa en Argentina”. La organización advirtió que, desde la asunción de Javier Milei, se consolidó un “clima de intolerancia estatal hacia la crítica”, caracterizado por discursos estigmatizantes, desinformación, insultos y campañas de hostigamiento desde cuentas oficiales. “Una prensa independiente y crítica es un pilar indispensable del Estado de derecho. Cuando las agresiones provienen de las más altas autoridades del Estado, el impacto no se limita a las personas atacadas: se proyecta sobre todo el debate público y genera un efecto de silenciamiento”, señaló Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina. La organización también expresó preocupación por el uso de acciones penales y civiles contra periodistas como mecanismo de presión, en particular las demandas estratégicas contra la participación pública (SLAPPs), que generan desgaste económico, emocional y profesional, y producen un efecto inhibitorio sobre otras voces críticas.