A pesar de las primeras detenciones, las denuncias por mensajes sobre ataques se multiplicaron este lunes. Las familias de los responsables deberán afrontar costos por 5 millones de pesos por cada operativo policial.
La cantidad de falsas amenazas de ataques en escuelas volvió a dar un salto significativo en el inicio de la semana. Este lunes se registraron 84 casos en la provincia de Santa Fe, a pesar de las detenciones de algunos adolescentes por este tipo de delitos en la provincia y otras jurisdicciones.
El secretario de Análisis y Gestión de Información del Ministerio de Justicia y Seguridad, Esteban Santantino, advirtió que la situación en los establecimientos educativos viene escalando de la mano de una «viralización negativa» de pintadas en baños, mensajes de WhatsApp y publicaciones en redes sociales. En una entrevista en LT8, ratificó que los jóvenes acusados o sus padres deberán pagar 5 millones de pesos para cubrir los costos del operativo que se realiza ante cada una de estas denuncias a través del 911.
Pasadas cuatro semanas desde el ataque a tiros y el asesinato de un estudiante en San Cristóbal, el funcionario señaló que el aumento de las amenazas en otros puntos del mapa «es un fenómeno totalmente distinto» al del crimen de Ian Cabrera (13). «Esto tiene más que ver con una imitación que parece ingenua pero no lo es», indicó.
De acuerdo al relevamiento de las fuerzas de seguridad, este lunes se registraron 23 denuncias en escuelas de Rosario, lo que representa casi la mitad del total en una lista de 52 reportes de instituciones del sur santafesino. También se registraron tres casos similares en Venado Tuerto, la misma cantidad que en Villa Constitución y San Lorenzo. Santantino indicó que el efecto de imitación se da «no sólo en grandes áreas metropolitanas, sino a lo largo y lo ancho de toda la provincia». El último listado diario abarca a buena parte de las localidades vecinas, desde Granadero Baigorria hasta Funes, pasando por Roldán y Pérez. En esta última localidad ya arrestaron a un joven de 16 años por un mensaje de WhatsApp enviado la semana pasada.
«No se trata de una broma de adolescentes sino de un delito», manifestó el representante del Ministerio de Justicia y Seguridad en cuanto a las falsas amenazas. Recordó que «las personas identificadas tendrán que asumir la responsabilidad más allá de su edad, también a través de sus responsables legales» si son menores de edad. El secretario provincial recordó que las denuncias en las escuelas pueden derivar en la apertura de una causa sobre intimidación pública, de acuerdo al artículo 211 del Código Penal. Asimismo, apuntó que el Poder Ejecutivo «irá a fondo» a la hora de pedir un resarcimiento económico por fuera de la investigación judicial con el fin de cubrir los gastos de los operativos policiales.
Además del registro de la región sur, en las escuelas del centro y norte santafesino se sumaron 32 amenazas nuevas este lunes. Una decena corresponde a la ciudad capital, mientras que otras cinco se reportaron en Reconquista y cuatro corresponden a Avellaneda.
«Los motivos por los cuales se viraliza esto pueden ser muchos. Quizás tengamos que replantearnos el rol de las redes sociales en la cotidianeidad de nuestros hijos y nuestros adolescentes», propuso Santantino. El funcionario consideró que no hay punto de comparación con el asesinato perpetrado el último 30 de marzo por un estudiante de 15 años. De acuerdo a su análisis, las denuncias posteriores se refieren a bromas preocupantes «frente a una tragedia tan grave como la que atravesó a la comunidad de San Cristóbal».
Santantino hizo una distinción dentro del diagnóstico general del conflicto en las escuelas. «Algunas son simplemente alguna inscripción en una pared que a veces tiende a pasar desapercibida, se borra simplemente con un trapo», indicó. En cambio, advirtió que «las comunicaciones en grupos de redes sociales tienen un grado mayor de preparación». Finalmente, aclaró: «Una situación tiene el mismo grado de gravedad que la otra».
Mientras el Estado redobla esfuerzos para resolver el conflicto que generó el crimen en San Cristóbal, el gobierno de Santa Fe no sólo apuesta a las sanciones judiciales para frenar las falsas amenazas. «Esperamos que el principal efecto disuasivo venga por el trabajo conjunto de toda la comunidad educativa», manifestaron desde el Ministerio de Justicia y Seguridad. Santantino enfatizó que «ninguna de las amenazas queda sin registrar» en las escuelas. No obstante, también sostuvo que el diálogo con la familia y entre los propios jóvenes es fundamental para resolver el tema.