Una modificación en el esquema de pagos a profesionales del PAMI, que reduce sus ingresos, desató un paro nacional y genera preocupación por la sostenibilidad del sistema y el acceso a la salud de los adultos mayores.
El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) atraviesa un conflicto laboral tras la implementación de una nueva resolución que modifica el pago a sus médicos de cabecera. La medida, que eliminó los honorarios por consulta manteniendo un pago fijo por paciente (cápita), generó una protesta de los profesionales, quienes iniciaron un paro nacional de 72 horas.
Según informaron desde el sector médico, el cambio en el esquema de ingresos, aplicado de forma retroactiva, provocaría una caída de aproximadamente el 50% en sus haberes. Un médico que percibía cerca de $1.650.000 pasaría a cobrar alrededor de $800.000. La protesta involucra a unos 8.500 médicos y 3.200 odontólogos en todo el país.
Los profesionales advierten que, bajo estas condiciones, el sistema podría volverse insostenible, y muchos evalúan dejar de atender afiliados al PAMI, lo que reduciría la oferta disponible para los jubilados. A esta situación se suma una deuda acumulada con prestadores (clínicas, farmacias, ópticas) que ronda los 500.000 millones de pesos, con atrasos en los pagos de hasta cuatro meses.
Las consecuencias de estos problemas recaen directamente en los afiliados. Se reportan dificultades para acceder a medicamentos gratuitos, restricciones en prácticas básicas y un aumento del gasto de bolsillo para cubrir necesidades de salud. En los consultorios, los pacientes enfrentan decisiones complejas para administrar sus recursos limitados.
Los cambios en el PAMI se enmarcan en la política de ajuste del gasto público impulsada por el Ministerio de Economía a cargo de Luis Caputo. La reducción de recursos impacta en la operatoria del sistema, generando incertidumbre sobre la calidad y la continuidad de la atención para los adultos mayores en Santa Fe y todo el país.