Tras la sanción de la reforma, grupos como FARN, la Aadeaa y Greenpeace anunciaron acciones judiciales y llaman a la ciudadanía a sumarse a una demanda para defender la protección de las reservas de agua.
La sanción de la reforma a la Ley de Glaciares por parte del gobierno nacional no cerró el debate. Distintas organizaciones ambientalistas anunciaron que judicializarán la cuestión, argumentando que la nueva normativa es regresiva para el ambiente y podría ser inconstitucional.
La iniciativa es impulsada por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (Farn), la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (Aadeaa) y Greenpeace. En un comunicado, expresaron que, tras una sanción en un proceso que consideran «viciado y a espaldas de la sociedad», convocan a la ciudadanía a sumarse a una demanda colectiva «para frenar este retroceso».
«Cientos de miles de personas se inscribieron a la audiencia pública para defender la ley de glaciares y fueron ignoradas. Hoy la respuesta está en manos de todas las personas», advirtieron las organizaciones, señalando que la ciudadanía será protagonista de la lucha por recuperar la ley.
Las organizaciones advierten que esta decisión abre una etapa de participación ciudadana en defensa del agua. Alertan que la reforma pone en riesgo el acceso al agua y la vida de millones de argentinos, así como los ecosistemas que dependen de los glaciares y el ambiente periglacial.
Invitan a la ciudadanía a ser «parte de la demanda colectiva más grande de la historia para defender el agua». Quienes deseen adherir pueden acceder al sitio web www.demandacolectivaglaciares.org. Remarcaron que la firma «no genera obligaciones legales, pero sí construye una fuerza social imposible de desestimar».
La reforma fue convertida en ley tras más de 11 horas de sesión, con 137 votos a favor, 111 negativos y tres abstenciones. La iniciativa redefine los alcances de la protección de glaciares y zonas periglaciales, y flexibiliza las condiciones para desarrollar explotaciones de recursos.
La Ley de Glaciares original, sancionada en 2010, definía a los glaciares y al ambiente periglacial como reservas estratégicas de recursos hídricos, con el objetivo de preservarlos para el consumo humano, la producción agrícola, la biodiversidad, la investigación y el turismo.