El Senado dio media sanción a la modificación de la Ley de Glaciares

Con 40 votos a favor, 31 en contra y 1 abstención, la Cámara alta dio luz verde al proyecto de la Casa Rosada que introduce cambios al régimen de presupuestos mínimos para la preservación de glaciares y del ambiente periglacial. Una nueva victoria legislativa del oficialismo en la antesala de la discusión por la reforma laboral y el nuevo Régimen Penal Juvenil.

Con la media sanción del Senado, ahora el proyecto deberá tratarse en Diputados.

La reforma de la Ley de Glaciares se realizó en la antesala de dos discusiones centrales para el Gobierno: la reforma laboral y el nuevo Régimen Penal Juvenil, que serán tratadas este viernes por el Senado.

La iniciativa redefine el alcance de las áreas protegidas al distinguir entre «áreas periglaciares» y «geoformas periglaciares», y establece que su inclusión como reservas estratégicas dependerá de estudios técnicos realizados por las autoridades ambientales de cada jurisdicción. Ese criterio determinará qué sectores quedan incorporados al Inventario Nacional de Glaciares y, por lo tanto, bajo protección especial.

Desde el oficialismo sostienen que la modificación busca precisar los alcances de la norma vigente y brindar mayor previsibilidad jurídica. Sin embargo, el cambio impacta sobre el régimen de protección ambiental en regiones donde conviven reservas hídricas y actividades productivas.

La aprobación del proyecto era un compromiso asumido por el Gobierno con los gobernadores de provincias cordilleranas que buscaban una legislación más dinámica y menos rígida para destrabar y multiplicar las inversiones en minería e hidrocarburos.

Los detalles del proyecto que modifica la Ley de Glaciares

La propuesta de modificación a la Ley de Presupuestos Mínimos para la Protección de Glaciares apunta a flexibilizar el blindaje actual sobre el ambiente periglaciar. El objetivo central es redefinir los límites de estas áreas protegidas para abrir la puerta a la explotación industrial y extractiva en sectores que, bajo la normativa vigente, se encuentran inhabilitados para cualquier tipo de intervención económica.

El cambio clave radica en una nueva categorización de las «formas periglaciares». La iniciativa oficial propone distinguir entre las formaciones que actúan como reservas hídricas estratégicas y recarga de cuencas y aquellas que no cumplen este rol vital. De este modo, la protección legal dejaría de ser absoluta para todo el territorio periglaciar, quedando supeditada a que se demuestre fehacientemente su valor como fuente de agua.

Actualmente, la ley sancionada en 2010 ampara tanto a las masas de hielo visibles como a los ecosistemas de alta montaña compuestos por sedimentos y suelos congelados. Estos reservorios de agua dulce son fundamentales para el equilibrio geomorfológico y la regulación hídrica de las regiones cordilleranas. Con la reforma, aunque la prohibición se mantiene intacta para los glaciares propiamente dichos, se habilita el desarrollo de inversiones en zonas periglaciares sin función hídrica comprobada.

El proyecto ratifica la existencia del Inventario Nacional de Glaciares, el cual seguirá bajo la órbita técnica del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA). No obstante, la autoridad de aplicación será la Secretaría de Energía, que coordinará las tareas de identificación. El organismo técnico tendrá la responsabilidad de mapear el territorio y determinar, caso por caso, qué formaciones periglaciares califican como protegidas y cuáles quedan liberadas para la actividad económica.

Bajo este nuevo esquema, se mantiene el veto sobre cualquier acción que pueda «alterar de modo relevante la condición natural» de las áreas protegidas. Esto incluye la prohibición de verter sustancias contaminantes, la construcción de infraestructuras de gran escala, la actividad industrial y, fundamentalmente, la exploración o explotación de minería e hidrocarburos en los sectores que logren conservar su estatus de protección.

Por el contrario, el marco normativo permite de forma explícita las investigaciones científicas, los protocolos de rescate ante emergencias y el desarrollo de deportes de bajo impacto y no motorizados, tales como el andinismo. De esta manera, el Ejecutivo busca un equilibrio entre la conservación de los recursos estratégicos y la expansión de la frontera productiva en la zona andina.

Lo más destacado del debate de la Ley de Glaciares en el Senado

• Patricia Bullrich (CABA – La Libertad Avanza): «Esta ley es profundamente política porque hablamos de ideas respecto a cómo crece, se desarrolla y se construye la riqueza en Argentina. Los recursos van a seguir enterrados con esta concepción retrógrada de no poder explotar los propios recursos naturales».

   

• Anabel Fernández Sagasti (Mendoza – Justicialista): «Esto no es una modificación técnica a la Ley de Glaciares. Esta es una ley que flexibiliza estándares ambientales, es un retroceso y un cambio de paradigma. Pasamos de un paradigma científico, técnico y rígido a un criterio discrecional y político».

• Guillermo Andrada (Catamarca – Convicción Federal): «La minería tiene mala prensa, queremos una ley que proteja a los glaciares y la zona periglaciar, pero que no sea una etiqueta estática como hasta ahora. Estamos buscando una norma que sea más precisa y más federal».

• Flavia Royon (Salta – Primero los salteños): «En las provincias no es la decisión política de un gobernador la que habilita o no un proyecto. Eso es faltarle el respeto a los cuerpos técnicos de muchas provincias, donde hay técnicos capaces. Qué les hace creen que los técnicos de Nación son mejores».

• José María Carambia (Santa Cruz – Moveré por Santa Cruz): «Entendemos que este proyecto está muy mal redactado y eso va a generar muchas interpretaciones. No quiero que esa interpretación quede en manos de ningún gobernador. Como estaba la Ley de Glaciares anterior es mejor que esta, por eso votaremos en contra».

• Luis Juez (Córdoba – La Libertad Avanza): «Esta ley no vulnera ninguna garantía consagrada, ni destruye parámetros, solamente establece la posibilidad cierta y concreta para que las provincias puedan ejercer un derecho natural que le consagra la Constitución».

• Alejandra Vigo (Córdoba – Provincias Unidas): «Este proyecto de ley que modifica la Ley de Glaciares carece de un enfoque centrado en el paradigma de la protección ambiental y en el cambio climático, que hoy ya ningún país es capaz de negar, y omite el rol adaptativo que tienen nuestros glaciares».

• Martín Soria (Río Negro – Justicialista): «No estoy en contra de la minería y de generar puestos de trabajo. Pero hay que hacerlo responsablemente, cuidando el medio ambiente, que paguen lo que deben pagar por recursos que son de nuestros hijos y nietos, recursos que son de las provincias».

• Jorge Capitanich (Chaco – Justicialista): «Si hay un gobierno que impulsó en Argentina inversiones mineras ha sido el peronismo. La atracción de la minería para el desarrollo fue durante el peronismo. La compatibilidad entre inversiones mineras y preservación del ambiente es fuente del desarrollo».