La Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes prolongó por dos meses el plazo para la investigación sobre Loan Danilo Peña, el niño desaparecido el 13 de junio de 2024 y por cuyo caso 17 personas están a la espera de un juicio. La decisión de los jueces impulsó a la Fiscalía a analizar lo resuelto y abrir la posibilidad de reclamar más tiempo ante la Cámara Federal de Casación Penal.
Los magistrados Luis González y Selva Spessot prorrogaron hasta el 29 de noviembre el plazo para la instrucción de la causa sobre el paradero del niño de la localidad de 9 de Julio, una investigación que es orientada por la jueza federal de Goya, Cristina Pozzer Penzo, y el fiscal Mariano De Guzmán.
La Cámara argumentó que los imputados deben ser juzgados en un plazo razonable y, contra el pedido de la jueza y la opinión del Ministerio Público Fiscal, “pretender una prórroga de la investigación ´hasta sea habido el menor LDP´ resulta irrazonable, pues podría ser que esa hipótesis jamás suceda, y ello no podría atar a los imputados a la suerte de un proceso indefinido”, según consta en el fallo al que tuvo acceso El Litoral.
En ese sentido fundamentaron que “en aras de garantizar el principio non bis in idem y la garantía de ser juzgado en un plazo razonable, deberá la magistrada volver a expedirse sobre la situación de los imputados en el presente legajo o si fuera que existen elementos de convicción que permitiesen atribuir otro hecho distinto, intimarlos debidamente a fin de que puedan ejercer su derecho de defensa, poniendo fin a la incertidumbre que ello genera”.
Lo que se investiga en ese expediente que permanece en manos de Pozzer Penzo y De Guzmán es el paradero de Loan, el destino que el chico tuvo y, de hallar evidencias, qué hicieron con él.
Así es que allí sigue abierta la búsqueda de pruebas para saber si luego de sustraer al niño, el destino fue, por ejemplo, una red de trata. Y esas evidencias podrían aparecer incluso en el transcurso del juicio que se especula iniciaría en diciembre.
Se trata de un propósito distinto a lo que ya se investigó en otros dos expedientes de este mismo caso y se elevó al Tribunal Oral Federal de Corrientes. En esos tramos de la causa se irán a juicio los 17 acusados de la sustracción y el encubrimiento del hecho.
Lo cierto es que el tiempo de dos meses resultó acotado para quienes siguen esta causa y en declaraciones al programa Corrientes en el Aire que se emite por RadioNord Continental, el fiscal General Carlos Schaefer anticipó que analiza la resolución tomada en las últimas horas por la Cámara y que podría recurrir a la Cámara de Casación con el fin de revisar ese nuevo plazo.
Schaefer advirtió que la desaparición de Loan se trata de “un delito continuado” pues el chico no aparece y que con esta situación no se debe asumir un temperamento distinto al que, por ejemplo, se tomó con el caso de Cristian Schaerer, secuestrado en 2003 pero que nunca dejó de ser buscado.
A la espera del juicio
Por Loan irán a juicio los siete implicados en la sustracción, Bernardino Antonio Benítez, Daniel Oscar Ramírez, Mónica del Carmen Millapi, Laudelina Peña, María Victoria Caillava y Carlos Guido Pérez -prima facie coautores materiales penalmente responsables del delito de sustracción de un menor de diez años- y el comisario de la Policía de Corrientes Walter Adrián Maciel, en carácter de participe necesario. Todos ellos permanecen detenidos en centros penitenciarios federales, con excepción de Millapi que goza de prisión domiciliaria.
Y en el mismo debate serán juzgados los diez implicados que formaron parte del grupo denominado “los falsos Dupuy”, “El yanqui” Nicolás Gabriel Soria -único que permanece detenido-, el integrante de la Policía Metropolitana Leonardo Daniel Rubio y su pareja, Delfina Taborda, la abogada Elizabeth Noemí Cutaia, el falso abogado Alan Juan José Cañete, así como el supuesto psicólogo Esteban Federico Rossi Colombo, Valeria Liliana López, Verónica Paola Machuca Yuni, Pablo Javier Noguera y Pablo Gabriel Nuñez.
Este lote de imputados llega a juicio por privación ilegítima de la libertad en perjuicio de los menores de edad identificados en la causa -primos de Loan- (menos Rubio y Taborda); fraude a la administración pública como especie del delito de estafa calificada, y encubrimiento, todos ellos en concurso real.
Para ese proceso se aguarda que el Tribunal defina una fecha de inicio y en los últimos días se comenzaron los trámites previos, que incluyen el ofrecimiento de pruebas. En ese sentido, el fiscal Schaefer este martes dimensionó la magnitud del caso al afirmar que propuso alrededor de 745 testigos.
Y asimismo, expresó en el programa Corrientes en el Aire que los jueces del tribunal deben resolver un planteo de la defensa de Bernardino Antonio Benítez, que pretende que el caso pase a la Justicia Provincial.