SOCIEDAD
La oficial enfrenta cargos por abuso de autoridad, amenazas y lesiones leves en perjuicio de un alumno adolescente.
El Juzgado Federal N° 1 de Córdoba resolvió el procesamiento de la teniente primera María de los Ángeles Juárez, instructora del Liceo Militar. La decisión se tomó tras analizar denuncias de un cadete de tercer año y las pruebas reunidas en la investigación. Los cargos que enfrenta son abuso de autoridad, amenazas y lesiones leves, según consta en la causa.
El caso se originó en 2021, cuando la oficial habría forzado a unos alumnos a realizar ejercicios no permitidos durante una clase de Educación Física. Uno de los cadetes sufrió consecuencias físicas que lo mantuvieron siete días sin actividades normales. La denuncia fue presentada por los padres del adolescente, quienes reclamaron a las autoridades del instituto.
Posteriormente, el mismo cadete denunció haber sido amenazado directamente por la instructora en la pista de atletismo del Liceo Militar. Según su testimonio, Juárez cuestionó la queja presentada y el certificado médico que presentó para justificar su ausencia. Los testigos señalaron que las frases utilizadas por la oficial incluyeron la amenaza de dejarlo “cuadripléjico”.
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El avance judicial del caso
El juez federal Carlos Ochoa consideró que existen pruebas suficientes sobre la participación de la instructora en los hechos denunciados. Por ello dictó su procesamiento sin prisión preventiva, lo que abre la posibilidad de que el caso avance hacia un juicio oral. En su resolución, indicó que Juárez actuó con pleno conocimiento de su posición jerárquica y con intención de amedrentar.
Además del procesamiento, el magistrado dispuso un embargo de tres millones de pesos sobre los bienes de la oficial para garantizar eventuales responsabilidades. También estableció medidas cautelares que la obligan a presentarse en sede judicial cada vez que sea convocada. Juárez deberá informar cualquier cambio de domicilio durante el proceso para evitar entorpecer la investigación.
La causa cuenta con el testimonio del propio cadete, sus padres y de varios testigos del Liceo Militar que confirmaron los episodios denunciados. También se incorporaron certificados médicos y un sumario administrativo del Ejército que reforzó las acusaciones. El expediente sigue bajo supervisión de la fiscalía federal que impulsó la imputación inicial.
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