María Gómez, esposa del gendarme argentino Nahuel Gallo, denunció públicamente que su marido es víctima de una desaparición forzada en Venezuela, un hecho que definió como “un crimen de lesa humanidad”. A más de ocho meses de su detención, afirmó que no fue presentado ante ningún tribunal ni existen datos oficiales sobre su situación judicial.
“Desde el primer momento, Nahuel está siendo víctima de una desaparición forzada. Ante cualquier organismo internacional, eso es un crimen de lesa humanidad, y es lo que venimos denunciando hace ya más de ocho meses”, señaló Gómez en diálogo con Radio Rivadavia.
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El régimen de Nicolás Maduro acusa a Gallo de presunto espionaje y de intentar promover un golpe de Estado en Venezuela. Sin embargo, su esposa sostiene que esas versiones surgieron “solo cuando se hizo presión mediática” y remarcó que hasta ahora “no lo han presentado ante ningún tribunal con competencia en terrorismo ni en ninguna otra causa”.
Gómez aseguró que desconoce oficialmente dónde se encuentra su marido. “No sé dónde está Nahuel Agustín por medios oficiales. Lo sé por otros extranjeros que estuvieron con él en la misma situación, como los americanos que fueron liberados”, explicó.
Gestiones diplomáticas en curso
Consultada sobre un eventual operativo internacional para lograr su liberación, evitó dar precisiones aunque confirmó que el Estado argentino participa de las gestiones diplomáticas.
“Sé que el gobierno argentino está trabajando. Ayer tuve contacto con la ministra de Seguridad (Patricia Bullrich), pero no pueden compartir información conmigo. Ella siempre ha sido muy directa diciéndome que no puede darme detalles, pero que se está trabajando y que pronto podamos tener a Nahuel en casa, que es lo que más deseamos”, expresó emocionada.
Nahuel Gallo, cabo primero de la Gendarmería Nacional Argentina, fue detenido el 8 de diciembre de 2024 al ingresar a Venezuela por el Puente Internacional Francisco de Paula Santander, en la frontera con Colombia, con la intención de visitar a su pareja y su hijo, quienes llevaban varios meses en ese país por razones familiares. Las autoridades venezolanas lo acusan de espionaje y de formar parte de un plan subversivo, aunque esas acusaciones no han sido acompañadas de presentación ante tribunal alguno con competencia formal.
Desde su detención, la Organización de Estados Americanos (OEA) lo calificó como una detención arbitraria y un crimen de lesa humanidad, exigiendo su liberación inmediata y el acceso a asistencia legal. Al mismo tiempo, la Cancillería argentina presentó una denuncia ante la Corte Penal Internacional (CPI) denunciando su desaparición forzada y la ilegalidad del arresto.
GD/MU