Antes de hacer los anuncios del viernes en cadena oficial en el horario de más rating sobre las nuevas restricciones al bombardeo legislativo y propio del tótem del déficit cero, el Gobierno hizo sus sumas y restas. Y los economistas estilo mandril también. Si se aplicara anualizadamente el paquete fiscal aprobado o por aprobarse en el Congreso, y se rechazaran los vetos de rigor; no solo se extinguiría el superávit fiscal acumulado hasta julio y proyectado para todo el 2025, sino que también se volvería al demonio del déficit.
Y si se recuerda que la proyección y el compromiso de superávit firmado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) es de un ahorro primario (antes de pagar intereses) de 1,6%; una aplicación sin más de lo aprobado en el Congreso provocaría un déficit de entre 0,6 y 1,1 puntos del PBI. Si se tiene en cuenta que cada punto del PBI implica unos US$ 5 mil millones de dólares, la Argentina volvería a tener un déficit fiscal de aproximadamente 4.200 a 5.100 millones de dólares de manera anualizada. Si el cálculo se ejecutara para el período septiembre-diciembre 2025 (lo que restaría del ejercicio actual si el paquete se aplicara desde el mes próximo), el costo llegaría a 1,3 puntos del PBI, lo que haría volar por los aires el progresivo nivel de superávit construido a fuerza de ajuste y motosierra (la caída del ritmo inflacionario hace que la licuadora ya no funcione), nivel que llegó en julio casi al punto del producto. En síntesis, para Javier Milei, una herejía. Una afrenta. Una posición imposible de sostener. Una invitación al festival del veto. Algo que, por otro lado, es ponderado por el FMI.
Los cálculos básicos del Gobierno del costo del paquete legislativo-opositor son los siguientes:
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*Aumento del 7,2% a jubilaciones y pensiones
Para 2025, el aumento representaría aproximadamente 0,4% del PIB de agosto a diciembre (unos $ 1.673.494 millones) y 0,9% del PIB si se anualizara
*Bono a jubilados a $ 110 mil (móvil, no remunerativo)
Impacta con un costo estimado de 0,12% del PIB en lo que resta del año y 0,38% del PIB anualizado
*Moratoria previsional (restitución y extensión)
Estimado en 0,17 % del PIB en este año, con costo anualizado de 0,38% del PIB (como compensación a cajas previsionales provinciales)
*Ley de emergencia en discapacidad
Podría costar entre 0,4/0,6% del PIB, dependiendo de la cantidad de nuevas pensiones y compensaciones a prestadores públicos
*Distribución de ATN y coparticipación del impuesto a combustibles
Estimado fiscal cercano a 0,4% del PIB
*La restitución de la cuarta categoría de Ganancias implicaría un costo fiscal estimado de 0,30% del PIB ($ 1,05 billones), con reparaciones federales a provincias por $ 1,6 billones (0,30% a 0,16% al Tesoro, 0,24% coparticipable)
Todo esto siempre y cuando la voluntad de incremento del gasto que viene con aroma a revancha desde el Congreso Nacional, se haya ya frenado. Y que la única batalla que queda es saber si los números legislativos del Gobierno aguantan el sostenimiento de los vetos; o si, por el contrario, la oposición mancomunada de votos hardcore del kirchnerismo junto con los más sensibles de los votos negativos del estilo blando, suman las suficientes voluntades de los presentes para sostener las leyes aprobadas originalmente por el Poder Legislativo.
Es la batalla más importante, quizá, desde que Javier Milei llegó a la Casa Rosada. Y de cuyo resultado surja el mosaico legislativo que surgirá luego de las elecciones para renovar diputados y senadores el 26 de octubre. Fecha en la que Javier Milei se jugará el futuro político de las reformas pactadas y comprometidas ante el FMI. Que, por ahora, mira de reojo y tono gruñón el desenlace de la contienda legislativa de julio a septiembre en el Congreso Nacional.
Mientras tanto, el Gobierno paladea un cierto éxito en ciernes. Según los datos que se manejan en el Palacio de Hacienda, en la primera semana completa de agosto, los precios de los alimentos, bebidas y productos de consumo masivo (limpieza y aseo personal), los precios habrían subido menos del 1%. Y más cerca del 0,5%. Esto implicaría que el reacomodamiento del precio del dólar (que esta semana perdió casi la mitad de su recuperación del 14% en la minicrisis de fines de julio), no tuvo un pass through (traslado a precios) importante. Y pese a que el fin de semana anterior hubo un bombardeo de listas de valores actualizada por la mayoría de las grandes empresas que suelen cubrir las góndolas de los súper e hipermercados. Para el Presidente y el equipo económico, este efecto de devaluación sin un alza sostenida de los precios al estilo “por las dudas” representaría un enorme cambio cultural. Se demostraría que es posible utilizar en el futuro la política de alteración del dólar, sin sufrir en demasía un traslado a precios.
Es muy probable que esta visión oficial se dé en agosto. Y que el IPC del Indec resulte con un 1 por delante. Sin embargo, habrá que encontrar alguna explicación en otra realidad. ¿Una pista? El balance de Molinos Río de la Plata (la mayor productora de alimentos del país) mostró un primer semestre con un resultado neto negativo de $ 19.485 millones.
A pesar de haber facturado $ 437.542 millones, esto representó una caída del 19,7% en términos reales respecto al mismo período de 2024. Con este panorama, no parece haber mucho margen para aumentar precios entre 5 y 10%.