Afiliados de la entidad alertan sobre un profundo déficit por la falta de elecciones legítimas, ausencia de documentación oficial, desmanejos administrativos y una conducción que no acata las resoluciones de los organismos de control. Desde distintos puntos de la provincia denuncian desinformación, falta de transparencia y ausencia de participación democrática, y reclaman una urgente convocatoria a elecciones para normalizar el funcionamiento del organismo.
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El Consejo Profesional de Médicos Veterinarios de Corrientes atraviesa una profunda crisis institucional. Según denuncias de afiliados, no se han respetado los procedimientos legales para la renovación de autoridades, a pesar de que el mandato de la actual comisión directiva venció hace más de seis meses.
Martín Scheller, afiliado al Consejo, señaló que «seguimos realmente en un autismo institucional», en referencia a la falta de respuesta por parte de la conducción del organismo. Cabe recordar que la asamblea y las elecciones previstas en noviembre de 2024 fueron declaradas ineficaces por la Dirección de Personas Jurídicas de la Provincia, al constatarse múltiples irregularidades.
Entre las observaciones hechas por el órgano regulador se destacan fallas en la convocatoria, omisiones en la presentación del padrón y la imposibilidad de desarrollar adecuadamente la asamblea. Esta situación derivó en la exigencia de una nueva convocatoria, la cual no se ha concretado.
Scheller remarcó que, ante esta omisión, debieron presentar un nuevo pedido de aclaratoria a Personería Jurídica, que otorgó un plazo de 60 días para cumplir con la normativa vigente. Ese plazo, según denuncian, venció en mayo sin que se haya cumplido el requerimiento.
Asimismo, enfatizó en que la falta de respuesta institucional y la ausencia de elecciones han derivado en un escenario de parálisis dentro del Consejo, generando incertidumbre entre los profesionales del sector veterinario en toda la provincia.
DEFICIENCIAS ADMINISTRATIVAS
Y FALTA DE DOCUMENTACIÓN
Scheller remarcó que uno de los aspectos más críticos denunciados es la carencia de documentación oficial habilitante, como certificados de buena salud y certificados de vacunación antirrábica. Indicó que «los colegas se encuentran sin herramientas para poder ejercer la profesión dignamente».
El afiliado dijo que el argumento brindado por la comisión directiva, según explicó el denunciante, es que «en verano las imprentas están de vacaciones», una justificación considerada insuficiente por los profesionales afectados.
Remarcó que esta falta de provisión de documentación impacta directamente en la práctica profesional cotidiana y afecta a los ciudadanos que requieren estos servicios. La ausencia de estos certificados compromete el cumplimiento de normativas sanitarias vigentes.
Además, el padrón utilizado para la fallida elección de noviembre fue observado por contener irregularidades graves. «Había gente fallecida, inclusive, en el padrón», señaló Scheller, agregando que el listado estaba en un pendrive y no fue debidamente presentado ni depurado.
Personería Jurídica constató estos hechos mediante una inspección con abogados, y se labró un acta notarial para dejar constancia de las anomalías detectadas.
PLENARIOS FRUSTRADOS
Y FALTA DE COMUNICACIÓN
Scheller recordó que los intentos de convocar a reuniones de trabajo han fracasado por falta de quórum. En marzo de este año, se intentó realizar un plenario con participación de profesionales de distintas localidades, pero no se desarrolló por ausencia de los representantes del Consejo.
«Vinimos desde el Interior, desde Goya, Mercedes, Virasoro, para participar, y esta gente no dio quórum para el desarrollo del plenario», denunció Scheller. Además, afirmó que no se informó oficialmente sobre el contenido de ese encuentro, generando mayor desinformación entre los afiliados.
El plenario tampoco contaba con un orden del día claro. Desde el distrito Goya y otras jurisdicciones se habían presentado temas para tratar, pero no fue posible discutirlos debido a la inacción institucional.
Desde distintos sectores se reclama que los plenarios se realicen con la frecuencia prevista por los estatutos, es decir, cada dos meses. Esto tampoco se ha cumplido en lo que va del año.
Ausencia de balance
Otra de las denuncias que pesa sobre la actual conducción del Consejo es la ausencia de balances desde 2019, con serias dudas sobre la transparencia en el manejo de los recursos del organismo.
Scheller señaló que la gestión encabezada por Perdomo asumió «por la ventana», tras un proceso electoral que también fue declarado inválido por Personería Jurídica.
En aquella ocasión, según explicó, la conducción obtuvo el aval del entonces ministro de Gobierno y Justicia, pero este fue revocado por un fallo judicial de la jueza Romero Feris, que declaró inválido el procedimiento.
«El fallo de la Jueza volvió atrás todo», remarcó Scheller. Sin embargo, afirmó que la misma gestión permanece en funciones, sin haber dado cumplimiento a las resoluciones de los organismos reguladores.
Ante la persistencia de estas irregularidades, planteó la necesidad de una posible intervención institucional, al considerar que no hay otra vía para restablecer la normalidad.
Propuestas para
regularizar la situación
Los profesionales nucleados en distintos distritos han elevado propuestas formales para normalizar el funcionamiento del Consejo. Entre ellas, figura la conformación de una subcomisión de trabajo que colabore con la organización de nuevas elecciones.
Además, presentaron un cronograma con fechas tentativas para la oficialización de listas y el desarrollo de comicios. Estas iniciativas, sin embargo, no fueron respondidas por las autoridades del consejo.
Scheller calificó la situación como «vergonzosa y caótica», y expresó que los afiliados «ya no sabemos a dónde requerir el desarrollo de las cosas».
También se presentó una nota el 16 de abril, firmada por colegas de Goya, Santa Lucía, Sauce, Mercedes, Curuzú Cuatiá, Santo Tomé, Virasoro y Corrientes. En ella se exige la convocatoria a elecciones y se pide explicaciones sobre la inactividad institucional.
Los firmantes reclaman respuestas sobre el incumplimiento de los plenarios previstos y exigen transparencia en la gestión del organismo.
Pérdida de confianza
El malestar entre los afiliados ha crecido en los últimos meses, ante la falta de respuestas y acciones concretas. Muchos profesionales, según se informó, están dejando de pagar la matrícula anual como forma de protesta.
Scheller denunció lo que considera «autoritarismo absoluto» por parte de la actual conducción, y manifestó que «nadie más quiere pagar la matrícula del Consejo».
La pérdida de legitimidad institucional se ha acentuado con el paso del tiempo, al no cumplirse las disposiciones de Personería Jurídica ni las resoluciones judiciales.
Profesionales de distintas regiones de la provincia coinciden en que es necesario «un cambio» en la conducción del organismo para garantizar la legalidad y el correcto funcionamiento del mismo.