La administración de Donald Trump intensificó los operativos no solo con un enfoque a indocumentados con antecedentes penales, sino también de personas con estatus migratorio regular. Aunque se requiere de un proceso legal para expulsar a residentes permanentes y titulares de visas, estos pueden ser sujetos a detención y eventual deportación si cumplen criterios establecidos en la legislación vigente.
Las leyes migratorias, según el Título 8 del Código de Estados Unidos, establecen múltiples razones por las que un residente permanente, beneficiario de la green card, puede ser expulsado.
Entre ellas se encuentran:
En casos como estos, el gobierno debe demostrar con pruebas claras y convincentes que la persona es deportable. La decisión final recae en un juez de inmigración.
De acuerdo a un artículo de PolitiFact, cuando un residente permanente o titular de visa enfrenta una orden de expulsión, el gobierno emite una Notificación de Comparecencia (NTA, por sus siglas en inglés). Este documento enumera las razones por las que se considera que la persona es deportable.
El proceso involucra varias etapas:
Sin embargo, para los titulares de visas en aeropuertos y fronteras, el proceso es distinto. En estos casos, los funcionarios de aduanas tienen autoridad para negar la entrada sin necesidad de presentar pruebas ante un tribunal.
Distintos medios han reportado casos en los que personas con residencia permanente o visas han sido detenidas y/o expulsadas. Un ejemplo es el de Mahmoud Khalil, graduado de la Universidad de Columbia, quien fue detenido y enfrenta una posible deportación bajo la ley de inmigración que permite expulsar a personas cuya presencia sea considerada una amenaza para la política exterior estadounidense.
Otro caso es el de Yunseo Chung, estudiante surcoreana de la Universidad de Columbia y beneficiaria de la green card, quien enfrentaba un proceso de expulsión tras participar en protestas a favor de Palestina. Una jueza federal impidió su extradición inmediata y ordenó una revisión judicial de su situación.
Asimismo, Fabian Schmidt, ingeniero eléctrico con residencia permanente, fue detenido al regresar de un viaje a Europa. De acuerdo a lo retomado por NPR, Schmidt tenía una condena menor por drogas y conducir bajo los efectos del alcohol de hace diez años. Su familia denuncia que fue sometido a interrogatorios y detenciones prolongadas en el aeropuerto.
En otro caso, Ma Yang, residente permanente desde la infancia, fue deportada a Laos, un lugar donde nunca había vivido ni hablaba el idioma. La joven había cumplido una condena por un delito de drogas, y tras ser liberada, ICE revocó su estatus migratorio y la envió al país asiático.
Grupos como la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) denunciaron que la administración Trump amplió el uso de leyes migratorias de manera arbitraria para expulsar a personas sin condenas graves. Además, argumentaron que algunos arrestos y extradiciones violan la Primera Enmienda, al dirigirse a individuos por sus opiniones políticas o participación en protestas.
El profesor de derecho migratorio Matthew Boaz de la Universidad de Kentucky indicó, en una entrevista con PolitiFact, que las autoridades migratorias adoptaron una interpretación más amplia de la ley para «facilitar deportaciones rápidas sin el debido proceso adecuado“.
Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) y la administración Trump defendieron estas acciones y argumentaron que están alineadas con los intereses de seguridad nacional y el cumplimiento estricto de la ley.
El proceso de deportación para titulares de visas y residentes permanentes en EE.UU. es complejo y puede extenderse por meses o incluso años. Aunque existen mecanismos legales de defensa, la política migratoria bajo la administración Trump incrementó los casos de detenciones y expulsiones incluso de personas con estatus migratorio legal.