El viceministro de Régimen Interior, Jhonny Aguilera, denunció la presencia de ciudadanos extranjeros en el Chapare. El objetivo de estos sería brindar protección al exdictador Evo Morales. Según la autoridad, se han instalado tres anillos de seguridad en torno a Morales, impidiendo su aprehensión.
Esta situación ha generado preocupación en el Gobierno por el impacto que tiene en la seguridad y soberanía nacional. Durante un operativo en el Trópico de Cochabamba, se arrestó a 17 ciudadanos de nacionalidad colombiana.
Estos individuos se encontraban en un alojamiento sin documentación legal, lo que levantó sospechas sobre su presencia en la región. Aguilera informó que se están verificando sus antecedentes para determinar posibles vínculos con redes delictivas.
El viceministro destacó que, además de los extranjeros, también se encontró a ciudadanos bolivianos en los alrededores del alojamiento. Estos individuos estarían vinculados a las vigilias organizadas por seguidores de Morales. Las autoridades han intensificado los controles para evitar que personas sin documentación ingresen a hospedajes y pongan en riesgo la seguridad.
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Según Aguilera, los tres anillos de seguridad instalados en Lauca Ñ no solo incluyen militantes del MAS, sino también a extranjeros. El primer anillo, según describió, abarca un área de nueve cuadras alrededor de Radio Kawsachun Coca. En este sector se ha impedido el ingreso de militares y policías, lo que genera una preocupación adicional.
El segundo anillo de seguridad está conformado por grupos sindicales y vecinales que realizan relevos constantes. Aguilera señaló que estos grupos están armados con palos y petardos para evitar cualquier intento de captura. También se ha evidenciado una estructura organizativa que garantiza la permanencia de las vigilias.
El tercer anillo, según indicó la autoridad, está compuesto por organizaciones políticas de izquierda afines a Morales. Estos grupos han mostrado una fuerte resistencia y han manifestado que no permitirán la aprehensión del exmandatario. Se teme que la situación pueda derivar en enfrentamientos.
Aguilera denunció que los jóvenes de las organizaciones que resguardan a Morales estarían siendo coaccionados. De acuerdo con la autoridad, aquellos que se niegan a participar en las vigilias pueden ser duramente sancionados. Estas denuncias fueron respaldadas por la Directora de Género de la Alcaldía de Cochabamba.
A pesar de estas circunstancias, Aguilera afirmó que las actividades en el Trópico cochabambino siguen desarrollándose con normalidad. Sin embargo, advirtió que la presencia de grupos extranjeros en la zona pone en entredicho la soberanía del país. Por ello, el Gobierno continuará con los operativos para esclarecer la situación.
¿Cuál es el temor de Evo Morales?
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En cuanto al proceso judicial, la orden de aprehensión contra Evo Morales sigue vigente. La justicia boliviana ha renovado recientemente el mandamiento de captura. La Policía ha reiterado que no necesita garantías para ejecutar la detención, sino una estrategia adecuada para llevarla a cabo.
El viceministro recordó que la declaración de rebeldía de Morales refuerza la necesidad de su captura. En ese sentido, el Gobierno está evaluando nuevas estrategias para evitar que el exmandatario continúe evadiendo la justicia. Se prevé que los operativos sean fortalecidos en los próximos días.
Mientras tanto, los seguidores de Morales han advertido que impedirán su detención por cualquier medio. El secretario político de las Seis Federaciones del Trópico, Vicente Choque, aseguró que «correrá sangre» si el Gobierno intenta capturarlo. Estas declaraciones han aumentado la tensión en la región.
En declaraciones anteriores, Choque incluso manifestó que el Gobierno tendría que «asesinar a 1.000 personas» si intenta ingresar al Trópico. Este tipo de afirmaciones han sido rechazadas por las autoridades, que buscan una solución sin enfrentamientos. No obstante, se mantiene el riesgo de una escalada de violencia.
Evo Morales ha denunciado en reiteradas ocasiones que es víctima de una persecución política. Según el exmandatario, el caso en su contra busca desprestigiarlo y evitar su retorno al poder. Además, ha acusado al Gobierno de Luis Arce de conspirar junto a Estados Unidos para eliminarlo políticamente.
Las autoridades han desmentido estas acusaciones y aseguraron que el proceso contra Morales se basa en pruebas. La Fiscalía mantiene la solicitud de detención preventiva y espera que el caso avance en los tribunales. Mientras tanto, el líder cocalero sigue escondido en el Chapare.