Durante su discurso inaugural del período legislativo, el presidente Javier Milei informó que enviará al Senado el pliego para cubrir un cargo clave: el del Procurador General de la Nación. El anunció se produjo después de la controvertida designación a comisión de Manuel García-Mansilla y Ariel Lijo para la Corte, que será discutida por el Senado el 3 de abril. El cargo del jefe de los fiscales podría entrar en alguna posterior negociación con el kirchnerismo, para garantizar los dos tercios de votos que requiere consagración en la Cámara Alta. A la fecha el gobierno admite que “no hay candidato que pase la votación”. Sólo dos nombres tienen en carpeta y ya fueron descartados.
Desde hace casi ocho años, Eduardo Casal cubre el cargo de jefe de los fiscales en carácter de interino, luego de que Alejandra Gils Carbó -la candidata de Cristina Kirchner que logró un amplio acuerdo del Senado-, renunció atravesada por la causa penal que derivó en un procesamiento por corrupción.
Desde entonces todos los gobiernos han fracasado en el intento de cubrir este cargo que es vitalicio, con intervención ante la Corte y que tiene bajo su órbita a 380 fiscales, responsables de llevar adelante las investigaciones en los diferentes fueros.
Durante su gobierno, Mauricio Macri había postulado a la jueza del Tribunal Superior de Justicia porteño, Inés Weinberg de Roca. Pero su pliego nunca fue tratado. Igual destino tuvo el nombramiento del juez federal Daniel Rafecas por parte de Alberto Fernández: al año el pliego se retiró del Senado.
En función de lo que determina la Ley del Ministerio Público Fiscal, sostiene que en caso de ausencia, renuncia, el Procurador General será suplantado por la persona de mayor antigüedad, motivo por el cual quedó en el cargo Eduardo Casal.
Con el 42% de los cargos de fiscales vacantes, el Poder Ejecutivo busca avanzar con la cobertura de la cabeza del Ministerio Público Fiscal.
La dificultad, admiten fuentes oficiales, es contar “con un candidato que pase el Senado”. Al igual que un ministro de la Corte Suprema, el Procurador General de la Nación necesita dos tercios de los votos del cuerpo deliberativo.
Según admitieron fuentes oficiales a Clarín, “hoy no contamos con un candidato que pase el Senado: es un cargo complejo por sus características y requisitos”.
En primer término explicaron que en algún momento habían contemplado como candidato al juez de la Cámara Federal de Casación Penal, Mariano Borinsky, “pero no pasa el Senado, el kirchnerismo nunca lo va a votar, confirmó recientemente la condena de Cristina Kirchner”, señaló un integrante del Gabinete de Javier Milei que sigue de cerca el tema.
La opción que más seducía a la Casa Rosada era la postulación de Sebastián Amerio, viceministro de Justicia y hombre de extrema confianza de Santiago Caputo.
La negativa sobre ese nombre no estuvo vinculada a la obtención de los votos en la Cámara Alta, sino al rechazo del propio funcionario. Una fuente cercana a él y que integra el Ministerio de Justicia, sostuvo: “Tiene 42 años, no quiere pasar los próximos 33 años metidos en la Procuración”. Por el momento, quedó fuera de las opciones.
Pese al anuncio presidencial, fuentes oficiales admiten que hoy es difícil elegir un candidato que pueda cosechar los 48 votos requeridos y que no “desgaste al Gobierno con la discusión o se repita lo que ocurrió con Lijo”.
La diferencia, como ya contó Clarín, es que al Procurador General de la Nación no se lo puede designar por Decreto.
En primer término porque el Ministerio Público Fiscal cuenta con una Ley de Sucesión ante la renuncia o ausencia, del Procurador, que indica quién debe ocupar el cargo hasta que se cumplan las instancias de designación. De esa manera, según consideran quienes conocen la normativa en detalle, de haber un decreto de designación como ocurrió con los candidatos para la Corte, “eso modificaría la Ley que rige al Ministerio Público Fiscal”.
Asimismo, fuentes del MPF trazaron otras diferencias respecto a los nombramientos en el máximo tribunal. «Los jueces de la Corte actúan como tribunal colegiado, y el Procurador determina solo el desarrollo del Ministerio Público Fiscal”, indicaron.
También remarcaron que el Procurador “interviene durante todo el proceso de investigación, delineando la política criminal, criterios que son trasladados a los fiscales, en tanto que la Corte es instancia de revisión”.