El empresario Mateo Corvo Dolcet, quien en su momento fue procesado, junto con María Isabel Santos Caballero y Juan Sebastián Marroquín Santos, viuda e hijo del fallecido capo narco Pablo Escobar Gaviria, el mítico Patrón del Mal, respectivamente, por el delito de lavado de dinero proveniente del narcotráfico, recibió buenas noticias desde los tribunales federales de Comodo Py.
El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi desalojó a la Municipalidad de Pilar y le devolvió el predio donde se realizaba un ambicioso proyecto inmobiliario y que había quedado en suspenso cuando se inició la investigación judicial.
El predio en cuestión está situado en el kilómetro 46 del ramal Pilar de la autopista Panamericana y proyectaba construir un estacionamiento pago de cinco pisos con 920 cocheras, que iba a llamarse Pilar Parking, donde los vecinos podrían dejar sus autos junto a la nueva estación del ferrocarril Belgrano Norte, que en la actualidad se llama Cecilia Grierson.
El desarrollo de Corvo Dolcet también proyectaba la construcción de barrios cerrados, oficinas, una universidad y un shopping.
Hasta ayer, cuando personal de la Prefectura Naval, por orden del magistrado, efectuó el desalojo, en el predio funcionaba un vacunatorio y una sede donde los vecinos de Pilar tramitaban la licencia de conducir.
“En 2020 [en plena pandemia de Covid-19] la Justicia le prestó nuestro inmueble al municipio de Pilar para hacer un vacunatorio. Pero la Justicia ignoraba que, a sus espaldas, el exdiputado provincial Jorge D’Onofrio promovió la expropiación del predio. Usando fundamentos manifiestamente falsos, quiso quedarse nuestro negocio y endosarle los costos expropiatorios a los contribuyentes. En 2021 me enteré de la ley fraudulenta y querellé a D’Onofrio. La Cámara Federal de Casación Penal y la Cámara Federal de La Plata ordenaron investigar y, en septiembre pasado, el juez federal en lo civil, comercial y en lo contencioso administrativo Alberto Recondo suspendió la expropiación”, sostuvo a LA NACION Corvo Dolcet pocas horas después de que se efectuara el desalojo del predio.
En la resolución donde Martínez de Giorgi ordenó el desalojo también dispuso “la extracción de testimonios para su sorteo ante la Cámara Federal de Apelaciones del fro para que se investigue la posible comisión del delito de desobediencia judicial por parte del intendente de Pilar [Federico Achával] en virtud de su negativa a cumplir con la orden dictada por este Tribunal”.
LA NACION se comunicó con fuentes de la Municipalidad de Pilar para conocer la postura sobre la decisión del juez Martínez de Giorgi, pero desde el municipio, hasta el momento de la publicación de la nota, prefirieron no hacer comentarios al respecto.
En su momento, el entonces juez federal de Morón Néstor Barral (hoy integrante de la Cámara Federal de San Martín) había elevado a juicio la causa donde estaban procesados Corvo Dolcet, Santos Caballero, Marroquín Santos y el exjugador de Boca Juniors e integrante del Consejo de Fútbol del club Xeneize Mauricio Serna, entre otros acusados.
La causa se había iniciado el 1 de septiembre de 2016 a instancias de una nota que recibió la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), conducida por el fiscal federal Diego Iglesias, de parte de un representante de la DEA en la Argentina. En el paper de la oficina antidrogas de los Estados Unidos se afirmaba que una organización dedicada al narcotráfico y al lavado de activos investigada en Colombia tenía vínculos con personas físicas y jurídicas “radicadas dentro del territorio argentino”. Los investigadores norteamericanos explicaron que “el grupo criminal se encontraba liderado por José Piedrahita Ceballos, de nacionalidad colombiana, y tenía contacto directo en la Argentina con el abogado y empresario argentino Mateo Corvo Dolcet”
En su momento, Piedrahita Ceballos, declaró en los Estados Unidos como imputado colaborador y firmó un acuerdo de juicio abreviado con los fiscales Iglesias y Santiago Marquevich. Según fuentes judiciales, después de reconocer los hechos por los cuales fue imputado, aceptó una pena de cinco años de prisión y se le fijó una multa de $165.000.000.
Pero el debate nunca se hizo y la causa quedó en un limbo. De los tribunales de San Martín la causa pasó a Comodoro Py, donde se declaró la nulidad de la elevación a juicio.
El expediente quedó, en un primer momento, en manos de la jueza federal María Servini. La magistrada, según fuentes judiciales, le envió “por conexidad” la causa a su colega Martínez de Giorgi.
El magistrado tramitaba un expediente que se había iniciado tras una presentación de Corvo Dolcet. El empresario había denunciado que la por entonces Agencia Federal de Inteligencia (AFI), hoy Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), durante el gobierno de Mauricio Macri le había hecho inteligencia ilegal a su psiquiatra para desestabilizarlo emocionalmente y él no se pudiera defender.
“Ni la provincia (de Buenos Aires) ha obtenido la posesión judicialmente, ni la Municipalidad [de Pilar] puede invocar derechos posesorios derivados de una expropiación que aún no se ha consumado. Si el municipio realmente consideraba que tenía un derecho legítimo sobre el bien, debió interponer la tercería ante el tribunal competente en lugar de sostener su ocupación de facto y en desacato a las órdenes judiciales. Por lo expuesto, la retención del predio por parte de la Municipalidad de Pilar carece de fundamento legal y constituye un acto ilegítimo”, sostuvo el juez Martínez de Giorgi en su resolución de las últimas horas, a la que tuvo acceso LA NACION.
Tras la resolución de Martínez de Giorgi, Corvo Dolcet afirmó: “Terminada la pandemia, la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) le exigió al municipio la restitución del predio. Como no cumplió, la AABE denunció al intendente Martínez de Giorgi, magistrado a cargo de la causa de lavado de dinero, dado que esta se originó en informes de inteligencia ideológicamente falsos, por los que el juez Giorgi ya indagó al director de la AFI que los produjo. En mi opinión, la justicia federal ya tiene las evidencias de que la ley de expropiación es inconstitucional y la justicia de Comodoro Py ya tiene sobradas muestras de que la causa de lavado fue una invención de un director de la AFI”.
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