Mientras avanza una remota posibilidad de que la jueza Loretta Preska reconsidere el fallo que obliga en Estados Unidos a la Argentina a pagar US$ 16.000 millones a los accionistas minoritarios por errores en la expropiación de YPF en 2012, el Presidente Javier Milei aceptó que el procurador del Tesoro de la Nación, Santiago Castro Videla, que es quien debe defender legalmente al país, se excuse de participar en este juicio.
El decreto 122/2025, firmado por Javier Milei, acepta el pedido del procurador de excusarse de tomar intervención en los casos caratulados “Petersen Energía Inversora, S.A.U. and Petersen Energía, S.A.U. v. Argentine Republic and YPF S.A.”, en trámite por ante la Corte de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York. También lo exime de participar en el caso “Grupo Concesionario del Oeste S.A. (Argentina) c/ Estado Nacional – República Argentina (Argentina)”, en trámite en la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (CCI).
Según el decreto, la solicitud de excusación «fue presentada por el mencionado funcionario por razones de decoro y delicadeza, con fundamento en el principio general de “Prudencia” establecido en el artículo 9° del Código de Ética de la Función Pública». Será reemplazado por el subprocurador Juan Ignacio Stampalija.
Es que Castro Videla es socio del estudio Bianchi, Galarce & Castro Videla, que colaboró con un bufete de abogados norteamericanos que llevó el juicio en Nueva York ante Preska. Burford, quien encabezó el juicio contra Argentina, presentó al constitucionalista Alberto Bianchi –el socio de Castro Videla– y los juristas Alejandro Garro y Alfredo Rovira para que explicaran el sistema judicial argentino y el rol de YPF en la estructura del Estado.
Los próximos días serán claves para el juicio por YPF. Preska consultó a las partes sobre un pedido de reconsideración del fallo que hizo la organización civil estadounidense Republican Action for Argentina (RAFA). El país hizo una presentación el martes a última hora, avalando esa solicitud.
La reconsideración del fallo contra el país se basa en una denuncia de fraude a la justicia norteamericana por la supuesta connivencia de Cristina Kirchner y un empresario íntimo de ella y su marido, el titular del Grupo Petersen, Enrique Eskenazi, en el proceso de «argentinización» de YPF en 2008 Cuatro años después, Cristina expropió las acciones de la controlante española Repsol, sin arreglar indemnización ni pagos a Eskenazi, con quien misteriosamente se rompió el vínculo luego de la muerte de Néstor Kirchner en 2010.
El Grupo Petersen cedió los derechos judiciales del reclamo económico, que terminaron ejecutando los fondos Burford y Eton Park. La justicia de Estados Unidos les dio la razón.
Pero el lunes pasado, el abogado argentino y titular de RAFA Fernando Irazú presentó una «Moción de la Regla 60» -herramienta procesal para discutir sentencias ya firmadas bajo el argumento de que obviaron información que no estuvo disponible durante el juicio– y sorpresivamente Preska la aceptó y giró a las partes para que se pronuncien.
Qué le dijo la Argentina a Loretta Preska
En su presentación, los abogados del país aseguraron que «el Gobierno argentino, bajo la presidencia de Milei, toma muy en serio todas las acusaciones de corrupción y está comprometido a investigar a fondo cualquier denuncia creíble. Debido a su firme compromiso en la lucha contra la corrupción, la República apoyaría y cooperaría plenamente con cualquier investigación que el Gobierno de los Estados Unidos pudiera llevar a cabo sobre los asuntos planteados por RAFA, sin perjuicio de sus argumentos de que los tribunales estadounidenses no son el foro adecuado para resolver las demandas de los demandantes en este caso»
«Si RAFA tiene pruebas que respalden las acusaciones planteadas en su presentación ante el Tribunal, la República estaría dispuesta a recibir dicha evidencia, incluida cualquier prueba que demuestre que los demandantes en el caso Petersen obtuvieron el fallo mediante fraude», agregó la presentación hecha por el abogado Robert J. Giuffra, del estudio Sullivan & Cromwell.
La presentación de Burford, por el contrario, desacredita el pedido de RAFA. Dice que tiene fallas técnicas, y cuestiona por qué no se hizo antes de que terminara el juicio, que duró 10 años.
Ahora, Preska se tomaría unos días para decidir. Según Sebastián Maril, especialista que sigue las demandas contra Argentina en tribunales internacionales y conoce los entresijos de la Justicia estadounidense, podría haber una respuesta esta misma semana.
NE