El presidente de la entidad, Nicolás Pino, dijo que la Patagonia viene siendo víctima de actos vandálicos y pidió que la iniciativa sea sancionada con urgencia.
La Sociedad Rural Argentina (SRA) respaldó el proyecto que el Gobierno nacional enviará a Sesiones Extraordinarias para agravar la pena a quienes provoquen incendios.
“Entendemos que esta iniciativa debe ser sancionada con urgencia. Por eso, solicitamos a los legisladores que promuevan un debate rápido y efectivo para su aprobación”, afirmó el presidente de la entidad, Nicolás Pino.
Al respecto, el dirigente consideró: “La Patagonia viene siendo víctima de actos vandálicos de este tipo, y no se puede permitir que queden impunes. Lo mismo ocurre en Corrientes, y hemos sido testigos de situaciones similares en otras provincias”.
“Confiamos en que este endurecimiento de las penas permitirá que la Justicia actúe de manera más eficiente y expeditiva, sancionando a aquellos que atentan contra la propiedad privada, el desarrollo productivo y el arraigo rural”, enfatizó el líder de la gremial que integra la mesa de enlace junto a la Federación Agraria Argentina (FAA), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y Coninagro.
Los ministros de Justicia y Seguridad Nacional, Mariano Cúneo Libarona y Patricia Bullrich respectivamente, anunciaron este martes que el Poder Ejecutivo enviará al Congreso un proyecto de ley que reforme el Código Penal e incremente las penas contra quienes intencionalmente provoquen incendios.
La propuesta es una iniciativa del presidente Javier Milei y será incluida en las Sesiones Extraordinarias que llevará adelante el Poder Legislativo. Incluye, además del aumento de las condenas, el carácter de delito excarcelable y crea agravantes cuando se afectan bosques, plantaciones o ecosistemas. También cuando el objetivo del incendio es intimidar al Gobierno.
Actualmente la pena para quienes inician fuegos es 3 a 10 años de prisión, pero si el incendio genera peligro de muerte o mata, asciende a un máximo de 20 años. De ser aprobado el proyecto, las penas pasarán a ser de 4 a 12 años en caso mínimo y hasta 25 años de máxima.