(Pablo Roma, Corresponsalía Buenos Aires) – En Salta, un joven muerto y más de 50 heridos tras la represión de Gendarmería a pasadores de coca, y reabren las historias de Teresa Rodríguez y Carlos Fuentealba.
La muerte de Fernando Martín Gómez, un joven de 27 años que se ganaba la vida vendiendo hojas de coca en la frontera norte de Salta, reabre una oscura página en la historia argentina: la represión estatal contra los sectores más vulnerables. Al igual que en los años 90, la pobreza y la lucha por la subsistencia vuelven a ser criminalizadas. La brutalidad en el operativo de Gendarmería bajo el Plan Güemes, anunciado por la ministra Patricia Bullrich, deja como saldo una víctima fatal y más de 50 heridos, en un episodio que recuerda los peores momentos de las políticas neoliberales aplicadas en décadas pasadas.
Represión en el norte: el caso Salta
En la madrugada del 20 de diciembre de 2024, en la localidad de Orán, efectivos de Gendarmería se enfrentaron con los denominados bagayeros, trabajadores informales que cruzan mercadería entre Argentina y Bolivia. Según testigos, Fernando Martín Gómez no era un narcotraficante, sino un padre de tres hijos que buscaba sobrevivir en un contexto de exclusión económica. Sin embargo, su vida terminó con un disparo de las fuerzas estatales.
Bullrich defendió el operativo en redes sociales, alegando que el Plan Güemes busca frenar el narcotráfico y organizar a los trabajadores de frontera. Sin embargo, para los allegados de Gómez y organizaciones sociales, esta narrativa encubre un accionar represivo y desmedido que no distingue entre trabajadores humildes y delincuentes.
Un paralelismo con el pasado reciente
La muerte de Gómez remite a tragedias históricas como la represión en Arroyito en 2007, ordenada por el entonces gobernador Jorge Sobisch. En aquella ocasión, docentes que protestaban por mejores condiciones laborales fueron brutalmente reprimidos, y el maestro Carlos Fuentealba fue asesinado por la policía. Al igual que ahora, la criminalización de la protesta y la violencia estatal marcaron aquel episodio.
Otro antecedente significativo son los cutralcazos de 1996 y 1997, cuando las localidades neuquinas de Cutral Có y Plaza Huincul se levantaron contra la desocupación masiva tras las privatizaciones de YPF y Gas del Estado durante el menemismo. La segunda de estas puebladas terminó con la muerte de Teresa Rodríguez, convirtiéndose en un símbolo del movimiento piquetero y de la resistencia al modelo neoliberal.
La continuidad del modelo represivo
El operativo en Salta pone en evidencia cómo el Gobierno actual, liderado por Javier Milei, reproduce las mismas dinámicas que en los 90: medidas económicas que precarizan la vida de las mayorías, acompañadas de represión a quienes intentan resistir. Como en los años del menemismo, se consolida un esquema que privilegia el ajuste económico a costa del bienestar de los sectores populares.
En palabras de la referente del Frente de Izquierda, Myriam Bregman: “El gobierno de Milei ya tiene un muerto producto de la represión a la protesta social”. Este tipo de acciones recuerdan que en Argentina, la defensa de los derechos básicos siempre ha tenido un costo altísimo, en vidas humanas y en dignidad colectiva.
El desafío de no repetir la historia
La tragedia de Fernando Gómez interpela al conjunto de la sociedad: ¿hasta cuándo se seguirá justificando la violencia estatal en nombre de políticas que perpetúan la desigualdad? El legado de Carlos Fuentealba y Teresa Rodríguez debe servir como recordatorio de que la lucha por justicia social nunca puede ir de la mano con la represión.
La Argentina de hoy parece enfrentar los mismos dilemas que hace casi tres décadas: la elección entre un modelo que castiga a los más débiles o uno que los incluye y protege. Como entonces, el desenlace dependerá de la respuesta colectiva ante la injusticia.